Morales apoya la propuesta de la CIDH de crear un grupo para investigar los sucesos de la crisis en Bolivia

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha expresado este sábado su apoyo a la propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de crear un grupo para investigar los sucesos

s desde las elecciones del 20 de octubre que dieron lugar a la crisis política en la que está inmersa el país.

«Apoyamos la propuesta de CIDH para conformar un grupo externo que investigue las masacras del Gobierno de facto», ha indicado Morales en su cuenta de Twitter.

«Urge este apoyo porque en Bolivia no hay Estado de Derecho que brinde garantías para organizaciones de Derechos Humanos nacionales, que son asediadas por grupos de choque fascistas», ha agregado.

El relator de la CIDH para Bolivia, Colombia y Venezuela, Francisco José Eguiguren, ha planteado este sábado durante una entrevista con la CNN la constitución de un grupo interdisciplinario e internacional formado por expertos para investigar los hechos acontecidos en Bolivia.

«La CIDH va a plantear que debe constituirse un grupo interdisciplinario e internacional de expertos e investigar con profundidad los sucesos ocurridos luego de la renuncia de (Evo) Morales», ha revelado el relator de la CIDH para Bolivia, Colombia y Venezuela, Francisco José Eguiguren, durante una entrevista con la CNN.

Eguiguren, que ha calificado la situación de Bolivia como «alarmante» y «muy preocupante» ha incidido en que los sucesos acontecidos en el país han causado «claramente dos masacres clarificadas», aludiendo a los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en El Alto y Cochabamba, «con más de 20 personas muertas por bala».

En este sentido, el relator de la CIDH ha criticado que las informaciones oficiales hablen de muertes producidas «en enfrentamientos entre civiles».

Asimismo, ha hecho hincapié en que la masacre de El Alto se produjo tras la aprobación del Decreto Supremo 4078, que eximía a los militares de responsabilidad penal por sus acciones en los operativos de establecimiento del orden, hoy ya revocado.

Además, ha especificado que la comisión ha hallado que, antes de la celebración de las elecciones, se creó en Bolivia «una profunda polarización social, discursos de odio e incitación de la violencia que pueden ser atribuidos a ambos bandos, formación de grupos armados y civiles, represión para anteriores autoridades, silenciamiento o represión a alguna prensa y silencio deliberado de otra».

También ha mencionado la existencia de «víctimas, tanto de personas que consideran que lo han sido por violaciones de sus Derechos Humanos durante el Gobierno de Morales y también otros víctimas con posterioridad».

«Creemos que eso requiere una investigación internacional porque no encontramos garantías para un investigación imparcial y firme» en el país, ha zanjado Eguiguren.

CRISIS EN BOLIVIA

Un total de 35 personas han muerto en los disturbios que se han producido en el marco de las protestas postelectorales en Bolivia.

La crisis se desató tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en las que el expresidente Evo Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un «fraude gigantesco». La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo una auditoría del proceso electoral en la que halló «irregularidades».

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre y huyó a México. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder dejado por el antiguo mandatario y la renuncia de otros altos cargos.

Ni Morales ni sus seguidores reconocen a Áñez porque consideran que su estancia en el Palacio Quemado es fruto de un «golpe de Estado».

Áñez promulgó el domingo la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de las elecciones, norma que prevé que ni Morales ni su exvicepresidente, Álvaro García Linera, podrán ser candidatos.