Experto recuerda que en 2018 más de un millón de personas no pudieron comprar el medicamento que le habían recetado
El experto en Salud Pública y Políticas de Salud, Fernando Lamata, ha recordado que como consecuencia del aumento del gasto farmacéutico en el año 2018 alrededor de 1.400.000 personas en España no pudieron comprar el medicamento que le habían recetado en la sanidad pública.
El experto se ha pronunciado así durante la cátedra extraordinaria Derecho a la Salud y acceso a medicamentos , organizada por Farmamundi, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título El precio del medicamento: aportes desde una perspectiva del derecho a la salud .
«En 2018 el gasto en medicamentos del Sistema Nacional de Salud, que sigue aumentando de forma imparable, aumentó en 795 millones de euros más, según el Ministerio de Hacienda. Supone un 4,65 por ciento más respecto a 2017. Si lo comparamos con el año 2014, el gasto ha aumentado en 2.700 millones. Este aumento repercute negativamente en la calidad del Sistema Nacional de Salud», ha dicho Lamata.
Por su parte, la coordinadora de políticas de la campaña No es Sano , Irene Bernal, ha señalado que el precio de los medicamentos innovadores se convierte de facto en un «obstáculo al acceso» cuando lo que la industria farmacéutica pide por ellos «supera las posibilidades» de pago de los países.
«Este es un problema que tienen todos los Estados fruto de la propia arquitectura del sistema sobre el que está construida la innovación biomédica, donde los monopolios que generan las patentes otorgan total libertad a la industria para ponerle al fármaco el precio que quieran», ha añadido.
Asimismo, durante el curso también se ha abordado la propuesta de 19 organizaciones y profesionales de la sanidad pública y de la comunidad científica, entre las que se encuentra Farmamundi, de llevar al Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Medicamentos a un precio justo, con el fin de llevar al parlamento y a la sociedad propuestas para cambiar el sistema actual de fijación de precios de los medicamentos, impulsar medidas de transparencia en la I+D en salud así como la creación de un fondo de investigación independiente y público de medicamentos.
«La falta de transparencia sobre lo que cuesta un fármaco perpetua un sistema opaco que favorece a la industria, impide conocer costes reales de I+D, comercialización y marketing y por tanto saber en realidad por qué pagamos esas cantidades. El secretismo y la confidencialidad sobre el precio del medicamento debe revertirse y contar con la información real y auditada que permita a las partes tener una negociación justa y equilibrada y garantizar el interés general por encima de los intereses industriales», ha explicado Bernal.
