El TPI rechaza la apelación del yihadista Al Hasán y autoriza la apertura de juicio contra él
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha rechazado este miércoles la apelación presentada por Al Hasán ag Abdulaziz ag Mohamed ag Mahmud, alias Al Hasán , por delitos cometidos en el norte de Malí, y ha autorizado así que se abra juicio contra él.
La Sala de Apelaciones del TPI ha rechazado la apelación presentada por Al Hasán , que argumentaba que los cargos no son de la suficiente gravedad, y ha confirmado la decisión de la Cámara de Antejuicio, que confirmó los cargos en septiembre de 2019.
Según la acusación, Al Hasán fue el responsable de la Policía Islámica instaurada en la ciudad de Tombuctú durante 2012 y 2013, cuando las fuerzas yihadistas se hicieron con el control de la revuelta iniciada por los tuareg.
Además, participó en la destrucción de los santuarios sufíes y en los matrimonios forzosos que desembocaron en esclavitud sexual y violaciones de mujeres y niñas.
La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza ha sostenido que «la Cámara de Antejuicio estuvo en lo correcto al determinar que el caso presentado contra Al Hasán es de una gravedad suficiente dentro del artículo 17 del Estatuto (de Roma)».
Así, ha indicado que «el criterio cuantitativo en sí mismo, como el número de víctimas, es relevante pero no determinante sobre la gravedad de un caso determinado», antes de agregar que la valoración sobre la gravedad se aborda «caso a caso».
En este sentido, ha subrayado que se han considerado «la naturaleza y la extensión de los crímenes imputados, las repercusiones de los presuntos crímenes sobre las víctimas y la población de Tombuctú, en particular de las víctimas de violación, esclavitud sexual y otros actos inhumanos como matrimonios forzosos».
La Cámara de Antejuicio afirmó el septiembre que «hay base suficiente para creer que Al Hasán es responsable» de crímenes contra la Humanidad «en el contexto de los ataques generalizados y sistemáticos cometidos por los grupos armados Ansar Dine y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) contra la población civil de Tombuctú entre abril de 2012 y enero de 2013».
También le señaló por crímenes de guerra cometidos «en el contexto de un conflicto armado de naturaleza no internacional», el que enfrentaba a las tropas malienses con los yihadistas, durante el mismo periodo en Tombuctú, entre los que menciona torturas, esclavitud sexual, «atrocidades contra la dignidad humana» y ataques deliberados contra lugares religiosos y monumentos.
El TPI inició una investigación en Malí tras una denuncia del Gobierno del país presentada el 13 de julio de 2012. Desde entonces, se ha condenado solamente a una persona, Amad al Faqi al Mahdi, sentenciado a nueve años de prisión por crímenes de guerra y destrucción del patrimonio histórico de Tombuctú. El de Al Hasán será el segundo caso de Malí juzgado por el TPI.
Los grupos yihadistas, que se hicieron con el control del norte del país en 2012 antes de ser repelidos en una intervención militar liderada por Francia, se han reagrupado y extendido al centro, ganando reclutas y aprovechando los abusos cometidos por el Ejército.
