Entidades ecologistas alegan a la constitución de un coto de caza en San Roque de Riomiera
Las organizaciones Ecologistas en Acción Cantabria, ARCA, Verdes Equo y la Federación DEAN han presentado alegaciones formales en el trámite de información pública para la constitución de un coto deportivo de caza en el municipio de San Roque de Riomiera.
Según han informado este jueves en un comunicado, han denunciado «graves irregularidades» en el procedimiento, especialmente la ausencia de notificación personal a los propietarios afectados y la vulneración del derecho a la propiedad. Además, advierten de la «amenaza directa» que supone para la biodiversidad y la seguridad ciudadana.
La documentación publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el 15 de mayo refiere que el coto afectaría más de 1.500 parcelas, «sin que se haya informado personalmente a sus propietarios, incumpliendo flagrantemente lo dispuesto en la Ley de Caza de Cantabria 12/2006».
En opinión de los ecologistas, esta «falta de transparencia institucional convierte la supuesta participación pública en una simulación vacía, dejando a decenas de familias fuera del proceso de decisión sobre el uso de sus propias tierras».
Las cuatro entidades señalan asimismo que las consecuencias de esta decisión administrativa «trascienden lo legal».
Así, indican que el territorio en cuestión forma parte de la Red Natura 2000, alberga zonas de «altísima sensibilidad ecológica», como el Tremedal de Bernallán, y especies protegidas como el alimoche común, el halcón peregrino o varios murciélagos catalogados como vulnerables.
EXPROPIACIÓN Y RIESGO
Además, subrayan que el procedimiento propuesto «atenta contra principios básicos recogidos en la Constitución Española y la Ley de Procedimiento Administrativo», como el derecho a la participación, la seguridad jurídica y el principio de buena fe administrativa.
«La ocupación de fincas privadas para el ejercicio de la caza, sin consentimiento expreso de sus dueños, constituye una expropiación de facto que carece de la cobertura legal y procesal requerida», remarcan.
Añaden también que la presencia de un coto de caza próximo a núcleos habitados y zonas recreativas plantea un «riesgo inaceptable para la seguridad de vecinos y visitantes».
Las organizaciones firmantes urgen la paralización del expediente de constitución del coto de caza y reclaman que cualquier actuación que afecte a la naturaleza y a los derechos de las personas «se ajuste con rigor a la legalidad vigente, garantice la transparencia del proceso y priorice la protección del patrimonio natural frente a intereses particulares».
Igualmente, reiteran su oposición a que el medio rural «se transforme en un espacio reservado a unos pocos cazadores, en detrimento de la mayoría de vecinos y del modelo de desarrollo sostenible que requiere el entorno».
