Ceuta y Melilla piden blindar por ley para atraer empresas una rebaja mínima del 60% en cualquier impuesto estatal
CEUTA, 21
Los gobiernos de Ceuta y Melilla que presiden Juan Vivas (PP) y Eduardo de Castro (Cs) pedirán juntos al Ejecutivo central y las Cortes Generales incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 una Disposición Adicional a la Ley General Tributaria que establezca «que las cuotas tributarias correspondientes a los impuestos estatales regulados serán objeto de una bonificación [mínima] del 60 por ciento» en las dos ciudades autónomas, un paso que vendría a dar «seguridad jurídica» a las ventajas fiscales de los dos territorios para atraer empresas y generar empleo.
Las Ciudades Autónomas consideran que es obvio que «los elevados costes del aprovisionamiento de mercancías que originan la extrapeninsularidad; el reducido tamaño del mercado de bienes y servicios; la escasez de suelo y otros recursos naturales; y los impedimentos para normalizar y desarrollar las relaciones económicas y comerciales con el país vecino» complican «enormemente» el desenvolvimiento de la actividad productiva en Ceuta y Melilla, lo que se traduce en tasas de paro, sobre todo juvenil, y de pobreza hasta 30 puntos superiores a las medias nacionales.
Después de que en los nuevos Impuestos sobre Determinados Servicios Digitales y sobre Transacciones Financieras no se hayan tenido en cuenta bonificaciones para Ceuta y Melilla, sus gobiernos autonómicos consideran que su establecimiento debe garantizarse para dar «una mayor seguridad jurídica a empresas e inversores nacionales o extranjeros».
Además, los ejecutivos de Vivas y De Castro apuestan por extender el tratamiento fiscal aprobado en 2018 para el sector del juego en línea a todas las empresas tecnológicas a través de una modificación del Impuesto de Sociedades.
Según ha explicado la consejera ceutí de Hacienda, Kissy Chandiramani, en declaraciones Europa Press, así «se impulsaría la creación de empleo con una bonificación que duplicaría la que ya disfrutan las empresas radicadas y multiplicaría por cuatro la de las que se instalen en cualquiera de las dos ciudades hasta el límite de 8 trabajadores y durante cuatro años».
También sería «determinante» eliminar «la necesidad de acreditar el cierre del ciclo mercantil que determine resultados económicos, facilitando con ello, el establecimiento de divisiones que, por ejemplo, desarrollen labores de back office».
«Esta apuesta por la localización de empresas de servicios (o de sus trabajadores) en Ceuta o Melilla permitiría servir de reclamo para que las actividades de servicios y de forma singular las que tengan más facilidad para su deslocalización por poder prestarse por vía telemática o electrónica puedan establecerse en las ciudades autónomas y beneficiarse de un régimen suficientemente atractivo», consideran los Gobiernos de ambas regiones.
Desde el punto de vista de las dos Ciudades, «tenemos la ineludible obligación, por muchas que sean las dificultades, de perseverar en el empeño de buscar fuentes y yacimientos de actividad productiva que aumenten el peso de ésta en la formación del producto interior y la creación de empleo».
