22.626 trabajadores cántabros han salido del ERTE, un «buen indicativo» de recuperación, según Casares

Señala que 19.461 autónomos en Cantabria han percibido a 30 de junio el último pago de la prestación por cese de actividad

Un total de 22.626 trabajadores cántabros habían salido, a 30 de junio, del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aprobado en sus empresas, según ha señalado el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados, el cántabro Pedro Casares, que considera este hecho un «buen indicativo» de la recuperación económica tras el coronavirus.

«En el peor momento de la crisis, había en Cantabria 35.547 trabajadores afectados por un ERTE, de los que hoy quedan 12.921 personas, que son una señal de esperanza para la reactivación económica progresiva de nuestra región», ha destacado el también secretario de Infraestructuras y Transportes del PSOE y diputado nacional por Cantabria.

Además, ha indicado que, a 30 de junio, 19.461 autónomos y 12.921 trabajadores en ERTE en Cantabria han percibido una prestación del Gobierno de Pedro Sánchez.

Junto a los datos del descenso del paro en junio en Cantabria, el diputado socialista cree que, «siendo cautelosos y extremadamente prudentes», se debe valorar en positivo que «empieza a reactivarse» la situación en el mercado laboral y los trabajadores vuelven de forma progresiva a reincorporarse.

Para avanzar, Casares considera «urgente» actuar sobre el mercado laboral para acabar con la temporalidad, la precariedad y un mayor desempleo femenino «que son los síntomas más graves que padecemos».

El diputado nacional del PSOE cántabro señala que en el caso de los autónomos, la prestación por cese de actividad, «una medida pionera en la protección de este sector en nuestro país» –ha indicado–, sigue cubriendo a 30 de junio al 47,79% de los autónomas de la región, que durante estos meses tampoco han tenido que abonar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

En el caso de los ERTE por fuerza mayor y no fuerza mayor, con el que, a su juicio, se ha evitado una mayor destrucción de empleo, protege todavía a 12.921 trabajadores por cuenta ajena de los 163.996 trabajadores en este régimen de la Seguridad Social en Cantabria, que supone un 9,21%.

«En solo diez días, desde el 20 de junio, cuando había 19.426 afectados por ERTE al 30 de junio, hay 6.505 trabajadores más que han salido de esta situación, que es siempre una buena noticia» enfatiza Casares.

NUEVAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Por otra parte, Casares explica que entre las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno, «la más significativa e importante» es la reducción de las cotizaciones sociales durante los próximos tres meses para los autónomos que han percibido la prestación, junto a una nueva línea ICO de 50.000 millones para autónomos y pymes anunciada hoy por el Presidente.

Asimismo, el portavoz económico de los socialistas en la Cámara Baja valora la compatibilidad de la actividad con el acceso a la prestación ordinaria por cese de actividad y una prestación especial para los trabajadores de temporada.

En este sentido, Casares señala que los beneficiarios de la prestación extraordinaria no tendrán que pagar las cotizaciones sociales del mes de julio y tendrán una exoneración del 50% en agosto y del 25% en septiembre, lo que supondrá un ahorro mínimo de más de 500 euros por autónomo durante los próximos tres meses.

Para aquellos cuya actividad aún siga muy afectada por los efectos de la pandemia, podrán acceder a la prestación por cese de actividad ordinario si su facturación en el tercer trimestre es un 75% más baja que la del mismo periodo del año pasado, siempre y cuando sus rendimientos netos en el periodo no superen la cuantía equivalente a 1,75 veces el SMI del trimestre.

Finalmente, el socialista ha defendido que «el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido claro desde el inicio de la crisis que las pymes, los trabajadores y los autónomos son esenciales en nuestro tejido productivo y en nuestro modelo económico y que no habrá recuperación real en nuestro país sin contar con ellas».

«Se ha puesto en marcha un escudo social sin precedentes en nuestra historia democrática para proteger a la clase trabajadora como primer objetivo para salir de la crisis y no como el último, como ha ocurrido en otras ocasiones», ha valorado.