El juicio de La Loma se retoma el martes con 13 acusados, 32 menos que hace un mes

El juicio del caso La Loma , sobre irregularidades en el desarrollo urbanístico de esta zona de Castro Urdiales, se retoma este martes, 12 de noviembre, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con 13 acusados, 32 menos que cuando comenzó hace un mes, tras la decisión de la Fiscalía de “contraer” la causa y retirar los cargos a 39 de los 45 imputados iniciales.

A los seis acusados que mantiene la Fiscalía se suman los propuestos por la Junta Vecinal de Santullán, única acusación particular que queda en la causa, una vez que el Ministerio Público acotó los hechos exclusivamente al sector urbanizable no programado SUNP-12.

Se les acusa, según los casos, de delitos de prevaricación, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, falsedad documental y cohecho, en relación a la aprobación, entre los años 2004 y 2006, del plan parcial del SUNP 12, los proyectos de compensación y urbanización y las licencias de obra de 46 chalets, 11 de ellos ubicados en una zona de afección de un vial.

Entre los imputados de la Fiscalía figuran los exalcaldes de Castro Urdiales Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, a quienes la Fiscalía ha reducido a cuatro y dos años de cárcel respectivamente, la pena que solicitó en el escrito inicial de acusación del año 2012.

A Díaz Helguera le imputa un delito continuado de cohecho por el que le reclama cuatro años de cárcel, inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años y multa de 149.082 euros; y a Muguruza, que llegó a ingresar en prisión preventiva por esta causa entre el 18 de febrero y el 9 de marzo de 2010, un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el que pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, descontando el tiempo que estuvo en prisión preventiva y el que estuvo privado cautelarmente de competencias urbanísticas y de contratación, respectivamente.

Por su parte, para Pedro Restegui, que ejerció funciones de arquitecto municipal entre 1997 y 2005, la fiscal del caso, Pilar Santamaría, pide cuatro años de prisión por delito continuado de cohecho, inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años y multa de 1,8 millones de euros.

Cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación solicita también por delito continuado de cohecho para la técnico de Urbanismo Yolanda Sánchez, a la que reclama 442.336 euros de multa; y siete de prisión para el ex secretario César Sáiz: tres por falsedad documental en concurso con prevaricación y cuatro por delito continuado de cohecho, así como multas de 1.087.334 euros y 10.500 euros, y un total de 10 años de inhabilitación.

Por último, para el director de obra Valentín Galdós, pide un total de cinco años de cárcel: cuatro por delito de cohecho y uno por el de falsedad documental, así como 39.000 euros de multa.

Los 11 acusados que propone la Junta Vecinal de Santullán son el exalcalde Fernando Muguruza y los concejales de su equipo de Gobierno, José Miguel Rodríguez KyK, Concepción Carranza, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Santiago Vélez y Juan Tomás Molinero; el exsecretario municipal, César Saiz; Carmen Villanueva, ex-ingeniera municipal; Pedro Restegui, exarquitecto municipal; y el arquitecto y director de obra Valentín Galdós Tobalina.

EL AYUNTAMIENTO, RESPONSABLE SUBSIDIARIO

Tanto la Fiscalía como la Junta Vecinal de Santullán piden que se declare la nulidad del Plan Parcial del SUNP 12, del proyecto de compensación, del proyecto de urbanización y de las licencias de obras concedidas; la demolición de las viviendas construidas al amparo de ellas (46), y en particular de las están en zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de la autovía A-8 (11).

También piden que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que en la fase de instrucción intervino como perjudicado, llegando a formular escrito de acusación en diciembre de 2013. El Consistorio alega que el auto de apertura de juicio oral de mayo de 2015 (dictado por el juez instructor, Luis Acayro Sánchez), “en contra de una corriente doctrinal mayoritaria, negó al Ayuntamiento la opción procesal de intervenir como perjudicado y a la vez como responsable civil subsidiario”.

Una vez que la Fiscalía presentó el nuevo escrito de acusación, la Sección Tercera de la Audiencia abrió un plazo para que las acusaciones particulares y los actores civiles presentasen alegaciones. Ahora, la sala ha dictado una nueva providencia señalando el 12 de noviembre a las 10 horas para retomar el debate de las cuestiones previas, que quedó suspendido el pasado 8 de octubre, y ha citado a los 45 acusados iniciales, dado que aquéllos a los que les han retirado los cargos deben dar su conformidad.

ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA

En el nuevo escrito de la Fiscalía, los hechos objeto del proceso quedan acotados a las presuntas ilegalidades cometidas en la aprobación del plan parcial del SUNP-12 de modificación delPGOU de Castro Urdiales.

Se reduce así a la mínima expresión el escrito inicial de acusación que presentó en el año 2012 la fiscal María Jesús Cañadas, en el que solicitaba cerca de 200 años de cárcel para 46 acusados por delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos.

La causa instruida por el entonces titular del Juzgado nº 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, llegó a juicio con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios.

En su nuevo escrito, la Fiscalía concluye, una vez “verificados los datos obrantes en las actuaciones, así como la aparición de nuevos elementos de ponderación”, que las iniciativas relativas al SUNP 3 fueron adoptadas por los responsables municipales “sin que hubiera constancia fehaciente de su manifiesta ilegalidad”.

Según informa el Ministerio Público, se ha valorado en primer lugar, que las nuevas certificaciones expedidas por el Ayuntamiento de Castro Urdiales indican que la tramitación del Plan Especial deMonte Cueto -ya iniciada en el año 2004- fue finalmente culminada en el año 2008, y que ya se ha iniciado la ejecución del depósito que abastecerá a las referidas viviendas, según acta de replanteo certificada debidamente, una vez superados los problemas de financiación.

En segundo lugar, señala que “las deficiencias inicialmente observadas fueron progresivamente subsanadas, sin que exista un pronunciamiento judicial que declare la nulidad de los instrumentos urbanísticos por motivos de ilegalidad manifiesta sobre el fondo, sino por razones de carácter procedimental”. Además, añade que de la certificación recientemente aportada, se deduce que la construcción del depósito era, en todo caso, legalizable.

Finalmente, “puede descartarse la existencia de engaño en los adquirentes de las viviendas, a la vista de las manifestaciones formuladas recientemente por su representación procesal, debidamente ratificadas en las actuaciones”.

En su escrito, la Fiscalía mantiene que los acusados por un presunto delito de cohecho, Pedro Restegui, Yolanda Sánchez, César Sainz y Rufino Díaz Helguera, “han recibido contraprestaciones económicas por su colaboración en la aprobación de las resoluciones municipales contrarias a Derecho detalladas en este escrito; y han recibido de particulares afectados distintas cantidades de dinero por realizar actos propios de sus respectivos cargos”.

Print Friendly, PDF & Email
Share