El PP lleva el martes al Congreso la reforma para elegir vocales del CGPJ que pone como condición para renovarlo

Su reforma del Poder Judicial también abre la puerta a recusar a Dolores Delgado como fiscal general

El PP llevará a debate el próximo martes al Pleno del Congreso una proposición de ley para «reforzar la independencia judicial» que incluye la condición que ha puesto al Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace casi tres años: cambiar el sistema de elección en ese órgano para que los vocales de procedencia judicial los elijan directamente los jueces.

Fue el propio líder del PP, Pablo Casado, el que hace poco menos de un año presentaba esta iniciativa, y lo hacía justo después de que el PSOE y Unidas Podemos registraran en el Congreso su propuesta para rebajar la mayoría de tres quintos a mayoría cualificada con el fin de poder renovar el CGPJ sin el concurso del PP.

Y ahora los populares han decidido llevar esa propuesta a debate en el Pleno de la semana que viene como forma de presionar al Gobierno, puesto que Casado comenzó el curso político advirtiendo de que sólo actualizaría el CGPJ si antes arrancaba al Ejecutivo el compromiso de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces.

Entonces, como ahora, Casado ya asumió que esa reforma legal –en caso de que finamente el Congreso la tomara en consideración– no podría aplicarse para el actual proceso de renovación del Consejo, que se inició hace dos años. Esto es, que accedería a negociar los nuevos vocales con el sistema vigente.

PROMESA ELECTORAL

Con esta proposición de ley, los populares buscan volver al sistema de elección que promovieron los constituyentes para garantizar la separación de poderes, pese a que el partido ya incluyó esta iniciativa en su programa electoral de las generales.

En su reforma, recogida por Europa Press, el PP plantea en su propuesta que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por entre los jueces y magistrados que se encuentren en activo y que se descarten perfiles políticos en los ocho juristas que proponen los grupos parlamentarios.

Asimismo, propone ampliar el sistema de mayorías reforzadas de tres quintos a todas las decisiones del Consejo, que éste redacte informes para cualquier iniciativa que afecte al funcionamiento de la justicia y que las asambleas legislativas autonómicas no puedan designar vocales de los tribunales superiores de justicia.

En su propuesta, los populares también apuestan por la «despolitización» de la Fiscalía con una serie de medidas que abrirían la puerta a la recusación de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

EL PP YA RECURRIÓ ANTE EL SUPREMO

El año pasado, los de Casado presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión de Pedro Sánchez de situar a la exministra de Justicia en el Ministerio Público alegando que no cumple el requisito de «idoneidad» y por su «falta total de objetividad y de imparcialidad».

Así, los populares plantean que el fiscal general del Estado pueda ser recusado y que para acceder a ese cargo se requiera ser jurista de «reconocido prestigio» con al menos 15 años de ejercicio y no haber desempeñado un cargo representativo o de confianza política «en los diez años anteriores». En caso de prosperar la reforma, los populares abrirían la puerta a la recusación de Dolores Delgado.