Zuloaga exige a Buruaga adecuar la «inconstitucional» ley del suelo al ordenamiento jurídico español
«A la hora de legislar, el ordenamiento jurídico se debe cumplir entero, no solo la parte que a la presidenta Buruaga le interese», ha dicho
El secretario general del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha instado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP) «a adecuar la ley del suelo al ordenamiento jurídico español» pues es «claramente insostenible e inconstitucional»
Así se ha manifestado tras conocer que el Gobierno central ha avisado al Ejecutivo regional de que algunos artículos introducidos en la reforma de la ley del suelo, fundamentalmente relativos a la construcción en suelo rústico, podrían resultar inconstitucionales, emplazándole a una comisión bilateral para abordar este asunto.
Zuloaga ha señalado que las condiciones para «corregir esta ley» van en la línea ya defendida por el PSOE en la tramitación de la ley de acompañamiento del Presupuesto para 2024, que es en la que se introdujo esta reforma.
El dirigente socialista ha señalado que para dicha reforma «el PP contó con el apoyo del PRC para transformar, modificar y derogar partes fundamentales» de la ley aprobada en la pasada legislatura.
Zuloaga considera que «hipotecar el futuro de Cantabria y su desrrollo ambiental con una ley del suelo «insostenible e inconstitucional» es una «temeridad» por parte del PP al frente del Gobierno de Cantabria.
El socialista ha advertido al Gobierno que «a la hora de legislar, el ordenamiento jurídico se debe cumplir entero, no solo la parte que a la presidenta Buruaga le interese».
Sobre las correcciones a esta ley, Zuloaga ha subrayado que «la parte más grave» tiene que ver –ha dicho– «con la intención de los populares de permitir seguir desarrollando vivienda unifamiliar en suelo rústico sin ningún tipo de ordenamiento urbanístico».
El socialista ha señalado que se trata de preceptos «que ya han sido tumbados» por el Constitucional en la Ley andaluza y que, además, también han sido advertidos por parte del Gobierno de España desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
