El Parlamento insta al Gobierno a potenciar el servicio gratuito de patios abiertos en periodos no lectivos

El Ejecutivo deberá presentar un informe sobre las medidas adoptadas ante la deficiencias en el transporte sanitario durante el apagón

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado una proposición no de ley para instar al Ejecutivo regional a potenciar un servicio gratuito de patios abiertos en centros educativos durante los periodos no lectivos en colaboración con los ayuntamientos y los propios colegios.

La iniciativa, aprobada con los votos de PP, PRC, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, ha sido planteada por Vox pero ha salido adelante con una enmienda de modificación del PP para concretar más la resolución dado que la Consejería de Educación «no es competente» para impulsar de forma «unilateral» este servicio ya que los centros no son de su titularidad sino de los consistorios o privados.

La propuesta busca potenciar ese servicio de patios abiertos no sólo en vacaciones escolares sino en todos los periodos no lectivos en coordinación con los ayuntamientos y centros que deseen sumarse a dicha iniciativa.

El diputado de Vox Armando Álvarez ha defendido la iniciativa «mejorar la conciliación familiar» pero también, y especialmente, para «mejorar la socialización de los niños» en un «entorno seguro».

Blanco ha destacado que trata de una propuesta «sencilla y eficaz» a través de la cual se podrían abrir los patios de centros escolares durante los periodos no lectivos, tanto en vacaciones como en fines de semana. «No podemos solicitar una apertura generalizada de todas las instalaciones, pero sí ampliar la oferta existente, de tal manera que alcance al mayor número posible de los alumnos de Cantabria», ha añadido.

Por su parte, el parlamentario del PP Álvaro Aguirre ha manifestado que el uso de este servicio de patios abiertos como zona de encuentro, esparcimiento y práctica deportiva es «uno de los compromisos de legislatura» del Gobierno (PP).

Por ello, y aunque la Consejería ya trabaja en ello, el PP ha presentado una enmienda de modificación para concretar la PNL de Vox en el sentido de potenciar esa oferta en colaboración con los ayuntamientos y los centros educativos, tanto públicos (hay 137 CEIP en Cantabria y son de titularidad municipal) como privados.

El PRC ha votado a favor porque, según la diputada Teresa Noceda, es de «gran importancia» para los niños. «Se maximiza el aprovechamiento de los recursos educativos y aporta múltiples beneficios a la comunidad educativa y las familias», ha dicho.

Por su parte, el PSOE se ha abstenido al no aceptar Vox la enmienda de modificación que había planteado su grupo al considerar que la PNL original estaba «poco trabajada» y era «improvisada». La parlamentaria Nórak Cruz ha defendido la propuesta del PSOE en la que no sólo se especificaba la apertura en periodos no lectivos y la competencia de los ayuntamientos, sino que también planteaba una línea de subvenciones para acometer mejoras en los patios.

DEFICIENCIAS DEL TRANSPORTE SANITARIO EN EL APAGÓN

Por otro lado, el Pleno ha aprobado instar al Ejecutivo a presentar en el plazo de tres meses un informe sobre las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas en la gestión del servicio de transporte sanitario urgente durante el apagón del pasado 28 de abril.

Se trata de una moción de Vox, que ha contado con una enmienda del PSOE, en la que se añade la realización de un estudio para valorar los pros y contras de migrar la sala de coordinación del 061 al edificio del 112.

La iniciativa, apoyada por todos los grupos excepto el PRC que se ha abstenido tras decaer su enmienda, también recoge aplicar las sanciones que procedan a la empresa adjudicataria del servicio por incumplir el pliego de condiciones, exigiéndole la incorporación de medidas que aseguren la comunicación en caso de emergencia en todas las ambulancias, con cobertura efectiva en toda Cantabria.

Además, propone elaborar e implementar un Plan de Atención a Pacientes Dependientes de Soporte Vital , mediante registro actualizado de los pacientes que dependen de equipos médicos en sus domicilios. Y revisar y actualizar el PLATERCANT para la realización de evaluaciones anuales del plan, con protocolos y medidas específicas que mejoren la coordinación y la formación del personal en la gestión de emergencias.

Para la diputada de Vox Natividad Pérez, el apagón, que «evidenció fallos de previsión, planificación y control», «no puede quedar en el olvido ni en el terreno de las excusas».

Según ha señalado, ese día las ambulancias de servicio urgente «quedaron incomunicadas, dependiendo exclusivamente de una red de telefonía móvil que, como era previsible en una emergencia de esa magnitud, colapsó», dejando a los equipos sanitarios «sin capacidad de coordinación, obligando incluso a que las ambulancias tuvieran que regresar a la base para recibir instrucciones verbales». «Una situación que no se puede aceptar», ha dicho.

Ha apuntado que, según el pliego de condiciones del contrato de ambulancias, la empresa «debía dotar» a todas ellas de sistemas de comunicación redundantes «y no lo hizo».

Es por eso que en la iniciativa se exige que se apliquen las sanciones correspondientes a la empresa, obligándola a subsanar de inmediato dicha situación mediante la incorporación de emisoras, con protocolos que aseguren la comunicación en caso de emergencia en todas las ambulancias y la cobertura efectiva de estos sistemas en todo el territorio.

En la misma línea, para el PSOE, el funcionamiento del 061 y de las ambulancias el día del apagón fue «un desastre» y «un caos». Además, el diputado y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, ha criticado que «si en estos momentos vuelve a haber otro apagón, volvemos a estar exactamente igual, después de tres, cuatro semanas» porque «no estamos preparados».

También los regionalistas creen que «falta un plan B para cuando ocurran circunstancias como esta». La diputada Paula Fernández ha exigido una dotación de medios de comunicación «fiables» con en aras de tener unos servicios de urgencia «seguros y coordinados».

Y el PP se ha mostrado partidario de analizar el «margen de mejora», si bien ha asegurado que la respuesta del Gobierno cántabro ante esta caída de telecomunicaciones a nivel nacional, de la que «no se salvaba nadie», ha sido «extraordinaria».

El diputado popular Ángel Vargas ha destacado que, frente a una situación en la que «no se tienen todavía explicaciones de un Gobierno de España que ni está ni se le espera», «en Cantabria hubo gente que tomó las riendas del asunto, se puso al mando y a coordinar».

«Independientemente de que no haya habido ningún caos, de que haya funcionado todo correctamente, es muy importante, para seguir haciendo las cosas bien, no caer en el autoconformismo», ha defendido.

SINIESTRALIDAD LABORAL

Por otra parte, la Cámara ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PSOE en la que se insta al Gobierno regional a elaborar un informe anual que analice las actividades prioritarias de actuación en la comunidad autónoma en función de la siniestralidad laboral.

La moción recoge que el informe que elabora anualmente el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga en cuenta la siniestralidad laboral «en todo su conjunto, puesto que en la actualidad solo se contempla los accidentes de trabajo en jornada» y «no analiza de esa manera exhaustiva los accidentes in itinere, ni tampoco analiza los accidentes de trabajo sin baja médica».

La idea es que este informe analice en profundidad las actividades económicas en función de la siniestralidad laboral, que incluya tanto los accidentes con baja como sin baja, así como las enfermedades profesionales y que esté desagregado por sexo y empleo, y estatus de empleo, para poder tener «un conocimiento más preciso de la realidad y diseñar políticas preventivas más eficaces».