Yolanda Díaz acusa al PP de «profundizar el crimen ecológico» en Doñana y apela al diálogo con sectores afectados

ALMONTE (HUELVA), 7

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Empleo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado este miércoles al PP de «profundizar el crimen ecológico» en Doñana y «vulnerar la legalidad», por lo que ha apelado al diálogo con los sectores afectados, «asociaciones ecologistas, la ciencia y los agricultores», para «encontrar una solución a este grave problema».

Así se ha manifestado la vicepresidenta durante una visita que ha realizado este miércoles a Doñana junto al portavoz de Sumar para la campaña electoral del 23J, Ernest Urtasun, donde, además, se ha reunido con las asociaciones ecologistas Ecologistas en acción, WWF y SEO/Birdlife y también con asociaciones de agricultores, para tratar la Proposición de Ley que promueven PP-A y Vox que regula las zonas de regadíos al norte de la Corona Forestal de Doñana.

En este sentido, Díaz ha criticado que el PP, «de Alberto Núñez Feijóo y de Juanma Moreno», está «decidido a vulnerar la legalidad» en Doñana, por lo que ha asegurado que los demócratas tienen «un mandato principal que es respetar la legalidad por encima de todo».

«En la actualidad Feijóo está dispuesto a abundar en este crimen ecológico que estamos viviendo. Por lo que hacemos un llamamiento al PP para que se siente a dialogar con los sectores afectados, es decir, las asociaciones ecologistas, la ciencia y los agricultores», ha aseverado.

Así, ha subrayado que «solamente desde el diálogo se pueden encontrar soluciones al grave problema que tenemos en la actualidad», al tiempo que ha rechazado «la posición de una derecha rebelde frente a la ley», algo que a su juicio «no es tolerable ni en nuestro país ni en Europa», al tiempo que ha subrayado que Doñana es «ahora mismo referencia de la crisis ambiental y de la crisis climática en España», un país que posee «enormes vulnerabilidades climáticas».

«Hace ya demasiado tiempo que vengo diciendo que no hay alternativa, que vivimos ante una crisis ambiental y climática, ambas, y, por tanto, una crisis social sin precedentes, y que, además, son la misma cara de tres aspectos diferentes, pero estamos hablando siempre de lo mismo: hay crisis ambiental, hay crisis climática y también social», ha enfatizado.

Al respecto, la vicepresidenta ha dicho que hay que hablar «también» del sector agrícola de Andalucía y de España porque es «un todo», toda vez que ha manifestado que toda política pública «desde ya es política climática», por lo que el debate en el país es «si queremos ser una potencia de renovables en Europa o si, por el contrario, queremos convertirnos en el desierto de Europa».

«La alternativa es elegir entre dos modelos claros: el que defendemos nosotros, que España sea una potencia de energía limpia y verde en Europa y, por tanto, generadora de empleos de calidad; o el modelo del desierto y que asola a los agricultores y hace perder puestos de trabajo y, por tanto, hablamos de dramas en la vida de las gentes que viven en estos espacios», ha expuesto.

Asimismo, la también ministra de Empleo ha señalado que «hay que hablar» del sector agrícola, que en Andalucía «duplica su presencia con respecto al conjunto de España», por lo que la agricultura es «muy importante» por ello «hay que abogar por un modelo productivo sostenible», pero que «sea favorecedor de formación, innovación, valor añadido y generador de empleos de calidad».

«CONVIVENCIA ENTRE AGRICULTURA Y DOÑANA»

Por su parte, el portavoz de Sumar para la campaña electoral del 23J, Ernest Urtasun, ha asegurado que la coalición quiere ser «abanderada de la lucha contra el cambio climático», por ello no van a tolerar «lo que está sucediendo» y que él ha vivido en Bruselas en estos últimos meses, que es «esta voluntad de la derecha y de la extrema derecha de revertir las políticas del Pacto Verde Europeo».

«En las últimas semanas se ha presionado la Comisión Europea para que retirara la directiva sobre la protección de la naturaleza y la directiva sobre pesticidas. Hay un auténtico negacionismo político que en este momento opera en Bruselas y que nosotros vamos a contestar porque esa voluntad del Partido Popular de negar las políticas de cambio climático no se puede sostener», ha afirmado.

En este sentido, ha remarcado que «hay que defender Doñana, los espacios naturales y la biodiversidad» porque «estamos en lo que algunos llaman la sexta extinción, es decir, la pérdida masiva de biodiversidad de espacios naturales que afecta especialmente a España».

Además, el europarlamentario ha asegurado que se trata de «un caso flagrante de vulneración de la ley europea» por lo que ha reivindicado «la aplicación del derecho español y europeo en la protección de Doñana», puesto que la sentencia de junio de 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea «exige que se paren los usos ilegales de aguas aquí en el parque y que se proteja Doñana».

Por otro lado, ha señalado que es «muy peligroso» y rechaza la formación «esta dicotomía que la derecha quiere instalar en Europa de enfrentar «la lucha contra el cambio climático y la agricultura», cuando, a su juicio «van de la mano», ya que «el mejor aliado de los agricultores es la lucha contra el cambio climático y la producción de los espacios naturales para que puedan hacer bien su trabajo».

«Una agricultura sostenible es la mejor manera también de defender nuestros espacios naturales. Esa irresponsabilidad que ha generado la Junta de Andalucía en los últimos meses de tratar de confrontar estas dos cosas es profundamente irresponsable. Sí, luchar contra el cambio climático y tener una agricultura de calidad en España van de la mano y eso para nosotros es profundamente importante y, por eso, también estamos aquí para defender Doñana, pero también a sus agricultores», ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, ha asegurado que la agricultura «siempre ha convivido en Doñana y en la comarca de El Condado» y, por tanto, «tiene que seguir», por ello, ha pedido al PP que retire «de inmediato» la PDL y se ponga en marcha el Plan de la Fresa, que «lleva aproximadamente el 5% ejecutado, no está cumplido y lleva siete años en funcionamiento, no tiene una oficina técnica, no tiene personal, no están cubiertos los objetivos y ahora se quiere romper porque hay una parte que no tiene encaje legal».

«De las más de 3.000 alegaciones, y muchas de ellas han llegado a los tribunales, ninguna se ha aceptado. Pero eso no quiere decir que se deje tirado a los agricultores, sino que hay que atenderlos, pero eso no implica que haya que modificar el Plan de la Fresa, primero por la ciencia; y segundo, por la realidad de Doñana», ha explicado.

Además, ha subrayado que las asociaciones ecologistas y agricultores «estamos de la mano», por lo que van a seguir «junto para mejorar la situación», toda vez que ha incidido en que la marisma de Doñana está «seca», por lo que apuesta por «rescatar los ecosistemas dañados, recuperando aguas superficiales».