Se ha conocido este jueves que uno de los antiguos guerrilleros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se acogió a los acuerdos de paz de 2016 ha sido asesinado en las últimas horas en una localidad rural del departamento de Meta, en la zona centro del país cafetero.

La víctima respondía al nombre de Fayber Camilo Chabría, aunque también al alias de Frank Moreno . Con su muerte, que se produjo este miércoles, son ya 264 los guerrilleros desmovilizados que han sido asesinados desde el acuerdo alcanzado por las FARC y el Gobierno en agosto de 2016.

«Desde ayer Colombia tiene un nuevo asesinato de un firmante del Acuerdo de Paz, Fayber Camilo Cufiño, conocido como Frank Moreno . Duele cada uno de los 266 firmantes del Acuerdo que han sido asesinados desde la firma», ha lamentado en su cuenta de Twitter la senadora de Comunes, Judith Simanca, más conocida como Victoria Sandino durante sus años en la guerrilla.

De acuerdo con las primeras pesquisas de lo ocurrido, Cufiño, quien dejó las armas en junio de 2017, fue asaltado el miércoles por hombres armados cuando tras salir del trabajo se dirigía a su casa en la vereda la Cristalina, en Meta, detalla el diario colombiano El Espectador .

Comunes, el renombrado partido surgido de la disolución de las FARC, ha denunciado desde los últimos años el asesinatos sistemático de los combatientes que se han sumado al proceso de paz ante la pasividad del Gobierno del presidente, Iván Duque, al que han acusado de connivencia con los grupos responsables de estos crímenes, paramilitares y también disidencias de la guerrilla.

Naciones Unidas también ha denunciado la situación de estas personas, las cuales, en su gran mayoría, viven y trabajan en zonas rurales expuestas al crimen organizado y a la violencia de los grupos armados que se disputan los réditos y las rutas del narcotráficos abandonadas por las FARC con su disolución.

En el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se alertaba de que los grupos disidentes, «aprovechando la escasa presencia del Estado», han ampliado sus operaciones en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, «atacando a antiguos guerrilleros y saboteando sus iniciativas económicas, política y sociales de la zona».