Vox propondrá en el Congreso regular por ley las redes sociales que «censuran» y «cercenan la libertad»

Formaliza su querella contra Twitter por suspender su cuenta tras un mensaje de su campaña Stop islamización

Vox registrará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para «prohibir y sancionar» a las grandes empresas tecnológicas y de redes sociales que pretendan «censurar» voces «libres» y «suplantar» el papel de los parlamentos nacionales.

Así lo ha anunciado este lunes la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, durante una intervención en Executive Forum en la que ha denunciado la existencia de un movimiento para «controlar la opinión pública» y así condicionar a la ciudadanía.

Para ello ha puesto el ejemplo de Twitter, que suspendió la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump o la pasada semana la de Vox por un mensaje que, según la red social, «incita al odio». Sin embargo, Olona ha recordado que el partido tiene una actividad «muy intensa» en esta plataforma y la suspensión coincide con la campaña de las elecciones al Parlamento de Cataluña.

«Se compartan o no las opiniones Trump o de Vox, cualquier demócrata tiene que estar en la casa común de preservar los derechos y libertades», ha sostenido acusando a las grandes plataformas tecnológicas de intentar «suplantar la voluntad soberana de los parlamentos nacionales».

En este sentido, el portavoz del Comité de Acción de Vox, Jorge Buxadé, ha confirmado en rueda de prensa que el partido ha formalizado este mismo lunes la querella que anunció contra Twitter por la suspensión de su cuenta.

Según ha detallado, la querella acusa a la red social de vulneración de los derechos fundamentales y vulneración del derecho al honor de quienes apoyan su campaña Stop islamización . Y ha aprovechado para reiterar en público el mensaje que provocó la suspensión de su cuenta y declararse en contra de la «islamización de Europa».

Buxadé ha calificado de «ilegal» la actuación de las grandes corporaciones tecnológicas, dirigidas por «bandas de multimillonarios» a los que ha acusado de que querer «acumular poder» e «imponerse a las democracias nacionales» mientras los ciudadanos son «cada vez más pobres y con menos libertad».

En este intento de controlar la opinión pública, Olona ha incluido también a las denominadas agencias de verificación de datos y a la comisión para el control de la desinformación creada por el Gobierno y que Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

ESPAÑA, COMO VENEZUELA EN 1999

Todo ello, a su juicio, se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos de hacerse con el control de todos los poderes del Estado. Y ha comparado la situación de España con la de Venezuela en 1999, cuando Hugo Chávez inició un camino «que ha acabado en miseria». «Cuando el poder Ejecutivo prueba las mieles del poder absoluto, luego es muy difícil desandar ese camino», ha advertido.

Frente a esta andadura, Olona ha insistido en que «solo queda Vox», que ha recordado que ha interpuesto hasta once recursos de inconstitucionalidad durante el último año, a los que próximamente se sumarán tres más: contra la Ley Celáa, contra la Ley de eutanasia y contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso.