Vox pregunta al Gobierno si va a bajar los impuestos de la factura de la luz y si va a acometer una reforma eléctrica
La senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, ha registrado una batería de preguntas con motivo de la subida de la electricidad y del gas coincidiendo con la ola de frío que atraviesa España y preguntará al Gobierno si va a bajar la factura de la luz y si se plantea acometer una reforma eléctrica y, en ese caso, cuáles serían los términos y plazos.
Según ha informado Vox en un comunicado, Merelo recuerda al Ejecutivo en su exposición de motivos que «el uso de la calefacción, eléctrica o de gas, tiene que ser considerada una necesidad, en ningún caso un lujo» y, en este sentido, le preguntará sobre cómo va a asegurar el suministro de gas y electricidad en todos los hogares.
En esta clave, la parlamentaria también se ha referido a las cifras de paro que se acercan «peligrosamente» a los cuatro millones de personas, mientras hay más de 700.000 personas en ERTEs que «no están siendo pagados ni en tiempo ni en forma».
Por ello, ha reiterado que este aumento del precio de la luz y el implicará que las personas que están pasando por alguna de las anteriores situaciones «tengan que renunciar a estos servicios básicos, en plena ola de frío*. También ha mencionado a los pensionistas y, en concreto, a aquellos con una remuneración ajustada y que ayudan con parte de su pensión a sus familias.
Merelo ha reprochado , además, que el Gobierno no haya previsto esta situación a pesar de las críticas que realizaron desde la oposición por subidas «mucho más leves de las que se producen ahora». Asimismo, ha rechazado la «poca preocupación» mostrada por los dos partidos que conforman la coalición que, en sus palabras, «cuya propaganda desde que empezó la crisis del coronavirus se ha centrado en eslóganes como no dejamos a nadie atrás».
Por último, en su escrito, denuncia que España «es uno de los países europeos donde la electricidad es más cara :de cada 100 euros, el Estado penaliza con 55,42 euros de impuestos» y que esta situación solo beneficia a los políticos y a las compañías eléctricas.