Vox pide cuentas al Gobierno en el Congreso por el manifiesto suscrito con independentistas contra la extrema derecha
Vox quiere aprovechar la sesión de control al Gobierno en el Congreso del próximo miércoles para pedir cuentas tres de sus miembros sobre el denominado Manifiesto en favor de la democracia que el PSOE y Unidas Podemos han suscrito con Más País y formaciones nacionalistas e independentistas para, entre otras cosas, promover sanciones para los diputados que realicen discurso de odio o falten al respeto a con insultos «xenófobos, racistas y machistas».
Así, su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha registrado una pregunta para que la vicepresidenta primera, Carmen Clavo, aclare si «el Gobierno se propone censurar los discursos de la oposición».
Según consta en relación de preguntas registradas por los grupos. a las que ha tenido acceso Europa Press, también la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, incidirá sobre esta cuestión al pedirle al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que opine sobre ese manifiesto que se hizo público durante la primera jornada del debate de la moción de censura de Vox.
De su lado, el vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, intentará que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explique si «considera que se puede hablar de Derechos Humanos con los herederos políticos de ETA», en referencia a EH Bildu, también firmante de la declaración.
Y es que, en el primer punto del texto, suscrito también por ERC, PNV, Compromís, Junts, BNG y la CUP, todos los firmantes reafirman «compromiso con los Derechos Humanos, la democracia, la justicia social y la igualdad entre todos los ciudadanos».
INCOMPATIBLES CON LA DEMOCRACIA
En este sentido, alertan de que «los discursos racistas, xenófobos, machistas» que han escuchado en lo que va de legislatura «por parte de la extrema derecha y derecha extrema son incompatibles con los valores propios de un sistema democrático» y «suponen un peligro para la convivencia».
Así, remarcan su compromiso «en la lucha contra los discursos y las actitudes de odio», que, subrayan «de ninguna manera deben quedar impunes». También rechazan «cualquier tipo de apoyo de la extrema derecha, especialmente cuando afecte a la gobernabilidad de las instituciones, ya sea por activa o por pasiva».
