Vox pide apartar al letrado del Congreso de la tramitación del pacto PSOE-Junts porque estuvo en Política Territorial
Vox ha pedido apartar al secretario general del Congreso, Fernando Galindo, de la tramitación de la proposición de ley de PSOE y Junts para traspasar a Cataluña la competencia integral de inmigración y lo justifica en que el letrado mayor está «contaminado» porque, antes de su nombramiento, fue director general y subsecretario en el Ministerio de Política Territorial.
En un escrito remitido a la Mesa del Congreso, Vox plantea la recusación del alto funcionario para que no intervenga en el proceso de calificación y admisión de la iniciativa de PSOE y Junts al considerar que su pasado en el anterior Gobierno le «inhabilita» para emitir opinión sobre una iniciativa relativa a un traspaso de competencias.
«Le hemos recusado porque el encargado de tramitar este asunto ha trabajado en altos puestos del Ministerio de Política Territorial y está inhabilitado para intervenir en cualquier función de asesoramiento respecto a la calificación y admisión de la iniciativa del Partido Socialista y de Junts», ha explicado en rueda de prensa el portavoz de la dirección de Vox, José Antonio Fúster.
LLEVARÁN A LOS TRIBUNALES A LOS CÓMPLICES DEL GOBIERNO
Según ha remarcado, Vox va a poner «todas las trabas posibles a este Gobierno y todos los impedimentos». «Vamos a seguir con nuestra oposición frontal –ha enfatizado–. Cualquiera que sea cómplice de los atropellos de este Gobierno, que ponga su firma para avalar sus ilegalidades, irá a los tribunales. No les quepa la menor duda».
Precisamente este martes será cuando la proposición de ley de PSOE y Junts pase su primer examen en la Mesa del Congreso, que dará luz verde a la admisión a trámite de la iniciativa con la mayoría de la que disponen PSOE y Sumar en el órgano de gobierno.
Tampoco se espera un informe contrario de los servicios jurídicos, que esta legislatura ya dejaron claro en la Ley de Amnistía que la labor de la Mesa del Congreso no es decidir la constitucionalidad o no de una norma, tarea ésta que ejerce en exclusiva el Tribunal Constitucional.
