Vox ha solicitado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que investigue el cese de los cuatro consejeros de Indra que se llevó a cabo el pasado 23 de junio al considerar que hay «indicios suficientes» para creer que Amber, Sapa y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tienen un «plan preestablecido» para «controlar» la compañía tecnológica.

Para ello, la Vicesecretaría Jurídica de Vox, dirigida por Marta Castro, ha remitido un escrito a la CNMV en el que señala que los cuatro consejeros cesados durante la celebración de la Junta General Ordinaria de Indra, son, «precisamente, los mismos que impidieron que su presidente, Marc Murtra, fuera nombrado presidente ejecutivo». «De hecho, los propios cesados han denunciado un plan doloso entre Amber, Sapa y SEPI para hacerse con el control de Indra», agrega la formación.

Castro explica que SEPI, una empresa de titularidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, es la principal accionista de Indra. Tras el análisis de diversa documentación, Castro hace hincapié en la posibilidad de que Murtra «hubiera facilitado información a Amber, con el único objetivo de animar a su inversión, a comprar el paquete necesario para alcanzar las mayorías requeridas cara a la Junta General Ordinaria del 23 de junio».

De este modo, señala la formación en un comunicado, «limitan el margen de maniobra de otros accionistas al alcanzar la mayoría necesaria para aprobar el cese de los consejeros independientes». «De hecho, la propuesta de cese de los consejeros fue ocultada en el Consejo de Administración que se celebró antes de la Junta», añade.

Castro también denuncia que se han omitido las obligaciones establecidas por el Código Europeo de las OPA y que obliga a informar a la CNMV de la propuesta de cese de los consejeros y la nueva designación de la composición del órgano de administración. Un hecho que no se ha producido porque «el Gobierno, a través de SEPI, pretende el control de compañías estratégicas y globales como Indra», insisten.

En resumen, Vox lamenta que se han obviado las obligaciones de prevenir a la CNMV y se han omitido las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, «una tónica que se ha convertido en el modus operandi del presidente de Indra desde 2017», según Castro.

Por su parte, el diputado de Vox Víctor González ha tildado lo ocurrido de «chapuza organizada por el Gobierno» de Pedro Sánchez y ha insistido en que lo ocurrido «ni puede ni debe lavarse en una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas como pretenden de fecha indeterminada». «La CNMV no puede seguir mirando hacia otro lado», ha dicho, recalcando que «debe actuar y exigir las responsabilidades de manera transparente y diligente».

«La SEPI, Sapa y Amber, junto con el presidente del grupo Prisa (Carlos Núñez) actuaron irresponsablemente», ha continuado, recalcando que «creyendo que nadie les diría nada transformaron la Junta General de Accionistas en un circo». «Sus actos han tenido claras consecuencias para los accionistas minoritarios y han dañado gravemente la imagen de la compañía, de la CNMV y del Gobierno de España», ha continuado.

González ha recordado que Vox «lleva meses alertando y preguntando sobre el asalto del Gobierno en Indra» y cree lo ocurrido «una prueba más del deterioro institucional al que nos está llevando el Ejecutivo socialcomunista». De forma paralela, avisa de que este no será su último paso «si el organismo supervisor una vez más incumple su mandato y razón de ser».