Vox no se fía de Calvo y sospecha que el Gobierno seguirá cediendo al «chantaje» independentista y no recurrirá el fondo

Olona avisa que, tras hacer desistir a la Abogacía del Estado en el Tribunal de Cuentas, ahora querrán «desactivar» también a la Fiscalía

Vox no se fía de que, pese a lo dicho por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, el Ejecutivo acabe recurriendo ante el Tribunal Constitucional el fondo aprobado por la Generalitat para asumir las fianzas de los excargos catalanes investigados por el Tribunal de Cuentas. Y es que, según la secretaria general del grupo de Vox en el Congreso, Macarena Olona, el Gobierno, como hizo con los indultos, va a seguir cediendo al «chantaje» independentista.

Calvo ha asegurado en un desayuno informativo organizado por Europa Press que el decreto ley por el que se aprueba el fondo contiene algunas cosas «difíciles de entender», pero no ha concretado si será o no recurrido. Así, se ha limitado a decir que el Gobierno está estudiando su contenido con apoyo de la Abogacía del Estado y que «no va a pasar por alto nada que no pueda ser aceptado legalmente».

Pero Olona no se cree que el Gobierno vaya a llevar el decreto al TC, aun en el caso de que concluya, como ya hecho su partido, que contraviene la Constitución. Según la dirigente de Vox, no lo hará porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a incluir esta cuestión «en el chantaje al que se está sometiendo por parte del Ejecutivo catalán» y, especialmente de los independentistas de ERC.

«Tenemos esa sospecha fundada», ha señalado, en declaraciones a Europa Press, incidiendo en que la concesión de los indultos a los condenados por el procés también forma parte de esa «extorsión» a la que Sánchez ha decidido someterse para seguir dos años más en La Moncloa.

BATALLA JUDICIAL Y PARLAMENTARIA

Por contra, ha garantizado que Vox va a dar «la batalla judicial y parlamentaria» contra ese decreto. En el plano parlamentario, ha avanzado que solicitarán la comparecencia en el Congreso de Calvo y de los titulares de Justicia, Juan Carlos Campo; Política Territorial, Miquel Iceta, y Hacienda, María Jesús Montero, y que reclamarán también el escrito que haga al respecto al Abogacía del Estado.

En el ámbito judicial, además de llevar el decreto de la Generalitat al Tribunal Constitucional, Vox va a interponer una querella ante el TSJC por presuntos delitos de «prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos» contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y sus consejos de Economía y Presidencia.

Asimismo van a promover la acción del propio Tribunal de Cuentas mediante una denuncia ante su Fiscalía para que investigue si hay «responsabilidad contable por alcance» en la creación del fondo la creación de este fondo mediante el decreto ley.

Aunque de momento han descartado recurrir a lo contencioso-administrativo, también explorarán esa vía si ven alguna opción de que prospere si la Generalitat llega a aplicar el decreto, según ha avanzado Olona.

«ES UNA SALVAJADA»

«Es una auténtica salvajada que se inviertan recursos públicos para defender y mantener a una persona que está siendo investigada por un posible perjuicio a la institución que abona los gastos», ha sentenciado Olona, quien aprecia «inhibición» por parte del Gobierno en el control de la aplicación de la legislación del Estado en las comunidades autónomas, especialmente en aquellas en las que no se quiere «molestar a los nacionalistas», en referencia no sólo a Cataluña sino también al País Vasco.

La dirigente de Vox ha recordado que ella misma, como abogada del Estado recurrió y logró que se anularan decretos de alcaldes destinados a anticipar el pago de los gastos judiciales a concejales imputados en proceso penales, pese a que se habían aprobado con la salvaguarda de que los reintegrarían si eran condenados.

Olona dice que esa «inhibición» que denuncia ha quedado clara en la decisión de la Abogacía del Estado de no presentar demanda en la investigación sobre el Diplocat . Vox continúa estudiando la posibilidad de emprender acciones contra el Gobierno por esa orden dada a la Abogacía para que desistiera en esa causa.

Según ha explicado el Gobierno, podría haber incurrido en un supuesto de «prevaricación administrativa» al «desactivar» a la Abogacía «por una cuestión puramente política». «¿Qué pasa si además consiguen desactivar a la Fiscalía?», se ha preguntado Olona.