Vox lleva la próxima semana al Pleno del Congreso su ley para ilegalizar a ERC, Junts y Bidu y sancionar sus símbolos

También recupera el delito de sedición, prohíbe referendos contra la unidad y castiga los contactos con potencias extranjeras

Vox ha decidido llevar al próximo Pleno del Congreso su proposición de ley para ilegalizar a partidos independentistas como ERC, Junts y Bildu, castigar el uso de símbolos separatistas, prohibir los referendos con fines contrarios a la unidad del país, recuperar el delito de sedición y aumentar el castigo por contactos con potencias extranjeras para dañar a España.

La propuesta, que fue registrada el pasado mes de noviembre en la Cámara Baja y que se debatirá y votará el próximo martes, tiene como finalidad «garantizar y proteger» la soberanía y la integridad de España ante los «ataques» del Gobierno y los partidos separatistas. «Constituyen una amenaza de primera magnitud», aseguran los de Abascal.

Según explican, partidos como ERC, Junts o Bildu representan un problema «especialmente grave», al ser minorías parlamentarias capaces de «condicionar» políticas de Estado, las leyes presupuestarias y la misma formación de gobiernos. Una influencia, en palabras de los diputados de Vox, «absolutamente desproporcionada» en la política española.

QUIEBRAN LA UNIDAD DEL PAÍS

La iniciativa, recogida por Europa Press, empieza por modificar la Ley de Partidos Políticos para poner como límite a la actividad de las formaciones políticas el respeto a la unidad y a la soberanía de España y no atentar contra la integridad territorial. Y quien no cumpla, podrá ser considerado ilegal o en proceso de disolución.

Además, se incluye una cláusula de garantía para que las marcas sucesoras de estos partidos no puedan presentar candidaturas ni continuar la actividad de los ilegalizados. Igualmene, modifica el Código Penal ara castigar las ofensas o ultrajes a los simbolos de España y también la exhibición pública de emblemas que atenten contra la integridad del territorio nacional.

Los de Abascal, reclaman también en su iniciativa una aplicación de la ley «equitativa» y «sin distinciones». «No puede existir un elemento de distinción solamente en función de su lugar de residencia», remarcan.

PRISIÓN POR CONVOCAR CONSULTAS ILEGALES

Pero la propuesta de Vox abarca más allá de las formaciones políticas. Así, reclaman la ilegalización de todo aquel referéndum o consulta cuyo fin sea legitimar la destrucción de España y advierten que toda aquella autoridad o funcionario, que careciendo de competencias, convoque o autorice la convocatoria de este tipo será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo de entre tres y ocho años.

En otro punto se recupera el delito de sedición que se aplicó a los líderes del procés y que fue suprimido por el PSOE tras un pacto con ERC la pasada legislatura, con penas de prisión de doce a quince años para aquellas personas constituidas en autoridad.

Castiga además con más penas, hasta ocho años de prisión, cualquier relación con gobiernos extranjeros que perjudique a los intereses o a la dignidad de España, lo que podría ser aplicable a la trama rusa del procés que investiga un juez de Barcelona.

SUMAR CRITICÓ QUE SE TRAMITARA ESTA «BARBARIDAD»

Cuando la inciativa fue calificada por la mesa del Congreso, el secretario primero y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, lamentó que hubiera sido admitida a trámite al considerarla una «barbaridad» con «indicios de «inconstitucionalidad», en tanto que la Carta Magna «no prevé que se puedan ilegalizar partidos por sus ideas, aunque sean ideas independentistas».

«No se pueden ilegalizar a los partidos políticos simplemente por tener ideas que vayan contra la noción de la unidad de España que defiende Vox –manifestó–. Esto nos parece una barbaridad desde el punto de vista democrático y jurídico».

No era la primera vez que Vox planteaba una ley de este tipo pues en enero de 2020 ya registro un texto que pasó el primer filtro de la Mesa y que se sometió a debate del Pleno en septiembre de ese mismo año. En la votación, los de Santiago Abascal se quedaron solos defendiendo la ilegalización.