Vox lleva al TC la votación de la reforma laboral y pide que se deje en suspenso su vigencia mientras se resuelve

Vox ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por haberse «hurtado la voluntad popular» en el votación de la reforma laboral que tuvo lugar el pasado 3 de febrero en el Congreso y ha pedido al tribunal que se suspenda cautelarmente la vigencia de esa norma mientras se resuelva su impugnación.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, quien ha insistido en que en aquella polémica votación se produjo un «pucherazo».

La reforma laboral salió adelante gracias al voto telemático a favor de la misma que, por error, emitió el popular Alberto Casero. Cuando advirtió su equivocación, que atribuyó a un fallo informático, el parlamentario solicitó poder votar presencialmente, pero no se atendió su petición.

Según Vox, por eso se produjo una «flagrante vulneración» del artículo 23.2 de la Constitución, ya que, a su juicio, se «hurtó la voluntad popular». «La reforma tenía que salir por lo civil o lo criminal, y salió por lo criminal», ha denunciado.

Olona ha destacado su petición de que se suspenda cautelarmente la vigencia de la reforma, algo que, se ha afanado en resaltar, para su «sorpresa», no solicitó el PP en los dos recursos que ha presentado ante el TC por el mismo asunto.

El Tribunal Constitucional sólo suele suspender la aplicación de una norma mientras resuelve un recurso si lo pide el Gobierno, pero Olona ha indicado que «con la ley en la mano» el alto tribunal podría aceptar su solicitud.

«Hay que agotar todas las posibilidades para conseguir que se respete la voluntad popular conculcada», ha remarcado la dirigente de Vox, quien culpa de lo sucedido a la presidenta de Congreso, Meritxell Batet.

BATET PIDE INFORMES «A MEDIDA»

De hecho, Olona ya pidió la dimisión de Batet el pasado martes en la Junta de Portavoces que preside la máxima autoridad de la Cámara y lo hizo por la «infamia» que, desde su punto de vista, supuso la «filtración», el último día de la campaña electoral de Castilla y León, de un informe de los servicios jurídicos del Congreso que avalaba su proceder.

Tras denunciar que ese documento no tenía sello de registro ni firma, Olona ha insistido en que fue «encargado a medida» por Batet, como otros anteriores que intenta evitar ser acusada de «prevaricación».

Por último, Olona ha aprovechado para recordar que los 52 diputados de Vox han presentado ya 31 recursos ante el TC en lo que va de legislatura, varios de ellos con éxito, a lo que se une que, desde el Tribunal Supremo, les acaban de notificar cinco nuevas sentencias que les dan la razón y obligan a la administración a correr con las costas generadas.