Vox escenifica su rechazo total a la gestión de Sánchez y presenta su plan «alternativo»

El fortalecimiento de la unidad de España, reducir el gasto político y políticas de natalidad y familias, entre sus reivindicaciones

Vox ha centrado sus propuestas de resolución del Debate del Estado de la Nación en escenificar su enmienda a la totalidad a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, planteando más de 140 medidas como «alternativa» al proyecto del actual Ejecutivo, que pasan por el fortalecimiento de la unidad de España, la reducción del gasto político, favorecer la natalidad y el fortalecimiento de las familias, entre otras.

Así se desprende de las quince propuestas de resolución que los de Santiago Abascal han presentado en el Congreso para el Debate del Estado de la Nación. Una de estas propuestas es directamente es una enmienda a la totalidad «a la comunicación» del Ejecutivo».

Vox pretende con esta herramienta parlamentaria mostrar su «distancia» con el proyecto de Sánchez, al que acusan de haber presentado en el Congreso un texto «triunfalista» del Debate del Estado de la Nación, que, bajo su punto de vista, «avergonzaría a cualquiera con un mínimo sentido de la objetividad».

Para ello, han presentado un texto de 30 páginas en el que arremeten contra la gestión de Sánchez en diez claves: «Un Gobierno ilegítimo, una desmesurada estructura del Gobierno, una nefasta gestión de la pandemia, la maltrecha situación económica, una política energética contraria al interés nacional, la politización de la justicia, los indultos a los golpistas y la disolución de España, la irrelevancia internacional de España, el trato a las Fuerzas Armadas y la política de Defensa y la falta de respeto a la dignidad de las personas».

CONTRA LAS COMPETENCIAS DE LAS CCAA

Pero más allá de este rechazo global, Vox también recoge en estas propuestas de resolución varias de sus reivindicaciones históricas y, entre otras cosas, plantea el fortalecimiento de la unidad de España a través de «recuperar las competencias transferidas a las comunidades autónomas».

En este punto, los de Santiago Abascal piden «suprimir cualquier forma de discriminación entre españoles por la lengua», acabar con las policías autonómicas, impulsar la ilegalización de partidos «separatistas», dotar de «la máxima» protección jurídica a los símbolos de España y suspender la autonomía de cualquier comunidad que «atente contra la unidad de España».

Por otra parte, también recogen en estas propuestas su pretensión de derogar la Ley de Violencia de Género, aprobar una ley de violencia doméstica, retirar el proyecto de ley trans, suprimir el Ministerio de Igualdad, «garantizar la imposibilidad de tratamientos hormonales y cambios de sexo en menores» y «salvaguardar el derecho a la vida».

REDUCIR EL GASTO POLÍTICO

En cuanto a la reducción del gasto político, plantean auditar y suprimir todo el gasto público a los partidos, sindicatos y patronales, reducir las ayudas directas a los medios de información, acabar con el gasto relacionado con la Agenda 2030 y fijar por ley un número máximo de vicepresidencias y ministerios.

Respecto a la política fiscal, Vox propone poner en marcha un sistema de beneficios fiscales para las familias, eliminar impuestos como el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, reducir el IVA y rebajar el Impuesto de Sociedades.

También hacen referencia a la soberanía energética, pidiendo derogar las leyes climáticas, abandonar el Acuerdo de París, suprimir el mercado de emisiones, reducir la fiscalidad energética y fomentar las energías renovables inagotables.

En otra clave económica, Vox insta a proteger las empresas que tengan su sede en España, promover el esfuerzo de los controles fronterizos, revisar los acuerdos comerciales de España con terceros países que no cumplan con los derechos de los trabajadores, fomentar el consumo de productos fabricados en España, llevar a cabo una simplifación normativa y una mejora del marco regulatorio, paralizar el desmantelamiento de las centrales términas y reducir los peajes en carretera.

Asimismo, quieren fortelecer y defender «al sector primario» de modo que han planteado la recuperación del principio de preferencia comunitaria y, entre otras cosas, acabar con el Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la UE en todos los sectores en que «produce efecto desfavorable a España».

CGPJ

Otro de los puntos sobre los que versan estas propuestas de resolución tiene que ver con la «separación de poderes». En este sentido, Vox incide en pedir que se garantice que el sistema de elección de los miembros del turno judicial del CGPJ sea elegido por y entre los jueces y magistrados.

Además, reclaman que se asegure que «el control de la constitucionalidad de las leyes no dependa de un órgano político» y que se garantice la autonomía de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Con todo, exigen que se asegure la soberanía judicial española frente a tribunales extranerjos y reformar la euroorden, garantizar la neutralidad política en altos cargos de las FCSE y no «emplear de forma abusiva el decreto ley».

Sobre la política de seguridad, piden incluir a Ceuta y Melilla en el Tratado del Atlántico Norte, reforzar el flanco sur, normalizar las relaciones diplomáticas con Argelia, aumentar los sueldos de las Fuerzas Armadas y «considerar a la inmigración ilegal como asunto de seguridad nacional».

En este último punto, Vox quiere además que se expulse «de forma inmediata» a todos los inmigrantes que accedan de forma ilegal o que cometan delitos, que se desplieguen las Fuerzas Armadas en Ceuta y Melilla, que se fomente la «inmigración legal, ordenada y con voluntad de integración» y que se eliminen «las ayudas a los países que no se comprometan a controlar la inmigración».

UN PLAN DE SALUD MENTAL

En lo que respecta al sistema sanitario español, Vox ha incluido en sus planteamientos la elaboración de un Plan Nacional de salud mental, además de una ley de cuidados paliativos, un Plan Nacional de Sanidad y la reducción de los tiempos de listas de espera.

Sobre la despoblación, Vox propone establecer un Plan Nacional para luchar contra este problema, recuperar competencias para hacer políticas nacionales «eficaces», impulsar la creación de riqueza en las zonas rurales, bonificar a quien contrate o a quien ha estado al cuidado de sus hijos e implantar un sistema de beneficios fiscales para las familias.

En este último punto, también quieren que se otorguen beneficios fiscales para las personas que tengan hijos, que se proteja a las familias con hijos con discapacidad, que se supriman los «organismos ideológicos» y que se incorpore la perspectiva de familia en las políticas públicas.

Por último, plantean devolver al Estado las competencias en materia de Educación, aseguridad la enseñanza en español, «derogar toda norma que vulnere el derecho de los padres a elegir la educación moral de sus hijos», blindar la libre elección de centro con el cheque escolar, fortalecer la figura del profesor, «destacar la obra de España en América» y garantizar la «libre elección» de corridas de toros en toda España.