Vox denuncia que la Ley vasca antipandemia es «inconstitucional» e «impone un auténtico estado dictatorial» en Euskadi

Olona avanza que también trabajan para «expulsar del ordenamiento jurídico» la Ley vasca de instituciones locales de Euskadi

VITORIA, 12

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha anunciado que su formación presentará «en breve» un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley vasca antipandemia que «impone un auténtico estado dictatorial» en el País Vasco y evitar que el lehendakari, Iñigo Urkullu, «se convierta en un auténtico virrey en un reino de taifas» que es «lo que pretende hacer con Euskadi».

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, Olona ha informado sobre el recurso que su partido presentará ante el Tribunal Constitucional contra la Ley vasca de medidas contra la covid-19, también conocida como Ley antipandemia, aprobada el pasado 24 de junio en el Parlamento Vasco.

Olona ha afirmado que esta nueva norma es «inconstitucional» y ha afirmado que con su recurso ante el TC su formación «da un paso al frente para evitar que Urkullu se convierta en un auténtico virrey en un reino de taifas que es lo que pretende hacer con Euskadi».

«Damos un paso al frente para defender a los ciudadanos y lograr que reine el principio de igualdad entre los españoles, con independencia del lugar donde se resida», ha insistido.

Según la portavoz de Vox, la ley vasca antipandemia «impone en el territorio un auténtico estado dictatorial», ya que en su articulado «impone una vacunación obligatoria a los ciudadanos vascos, así como el sometimiento obligatorio de pruebas PCR o cribados», con «grave consecuencia para los ciudadanos vascos que denieguen su consentimiento», porque «existe prohibición de trabajar o realizar actividades para la que se exija una prueba o vacunación».

«Es un flagrante atentado a los derechos fundamentales que todos los españoles tenemos a la integridad física, a la libertad y a la intimidad personal», ha señalado.

Para Olona, esta ley vasca ya «impone» lo que podría contemplar la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, sobre «incautaciones temporales de bienes, al igual que la obligación para la ciudadanía de realizar prestaciones personales obligatorias».

«Ese estado dictatorial, el cambio de régimen que se está vaticinando a nivel nacional, ya se ha impuesto en el País Vasco con la ley 2/2021 cuyos artículos 10 y 11 contemplan las mismas posibilidades de incautación de recursos privados prestaciones personales», ha insistido.

En este sentido, ha detallado que en los artículos 42 y 43 se sanciona el incumplimiento de estas obligaciones con la imposición de sanciones de hasta 60.000 o 600.000 euros.

La portavoz de Vox ha informado de que el recurso incluirá la «vulneración» de los artículos 17, 19 y 21 de la Constitución que hacen referencia al derecho a la libertad y a la seguridad, circulación y residencia, reunión y manifestación, ya que «se imponen confinamientos obligatorios, medidas de limitación y restricción de circulación de las personas, y restricciones a las agrupaciones de personas».

Respecto a los confinamientos, cree que «resulta una auténtica aberración jurídica, la obligación que se impone en el artículo 23 de aislamiento y cuarentena a aquellos ciudadanos vascos que puedan ser positivos por coronavirus o asintomáticos en el lugar que se indique por las autoridades sanitarias».

«Se impone la obligación de confinamiento, no solo en los domicilios sino también en otro lugar donde se estime pertinente por parte de las autoridades sanitarias», ha criticado.

Olona se ha dirigido a los ciudadanos vascos para invitarles a presentar recurso a las multas que reciban por incumplir la ley vasca antipandemia y que pidan que se suspenda, hasta que se resuelva el recurso que va a interponer Vox ante el TC. «Los efectos de esa sentencia que pueda dictar el TC tendrán una eficacia directa sobre las multas, desde nuestro punto de vista, impuestas de manera inconstitucional», ha señalado. DECRETO USO EUSKERA EN AYUNTAMIENTOS

Por otro lado, ha recordado que Vox presentó en enero del año pasado un recurso ante el Tribunal Superior del País Vasco (TSPV) contra el decreto del Gobierno Vasco que regula el uso del euskera y del castellano por parte de los Ayuntamientos en sus relaciones internas y externas.

«Esto ha permitido a nuestra formación utilizar el recurso contra el decreto vasco a modo de caballo de troya para conseguir la finalidad verdaderamente pretendida que no es otra que conseguir que el TC, pueda expulsar del ordenamiento jurídico el articulado de la Ley vasca de instituciones locales de Euskadi que concedió a EH Bildu sus exigencias más gravosas para dar un paso más en el independentismo de lo que denominan Euskal Herria», ha explicado.

Olona ha explicado que en el recurso presentado se instaba a la sala vasca a que planteara ante el TC una cuestión para «combatir» los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley vasca de instituciones locales de Euskadi que «califican el euskera como lengua de servicio y de trabajo de uso normal y general de las instituciones locales vascas; y que permite a las entidades locales vascas que todos los documentos de trabajo y de servicio tengan lugar en euskera salvo que algún miembro de la corporación alegue el desconocimiento de la lengua».

«La sala vasca ha acogido nuestras alegaciones y ha elevado a cuestión de inconstitucionalidad el apartado segundo del artículo 6 por considerar que la mención a que se pueda alegar válidamente el desconocimiento del euskera puede ser discriminatorio del español y claramente conculca los artículos 3 y 14 de la Constitución», ha explicado.

Por ello, ha anunciado que este martes va a presentar el escrito de alegaciones y «aprovechará el trámite» para que cuando el TC tenga que leer los escritos de las partes, pueda encontrar «todas y cada una de las tachas de inconstitucionalidad que cuando se aprobó la ley vasca en 2016», Olona, como abogada del estado jefe en el País vasco, ya elevó al Gobierno central. «Por desgracia, no tuvieron favorable acogida y concluyó con un acuerdo limitativo en la comisión bilateral que impidió la interposición del correspondiente recursos ante el TC», ha explicado.

Según ha detallado, Vox «pondrá el foco» en los aspectos que la ley vasca de 2016 introdujo al regular las consultas populares municipales y la configuración de la autonomía política de los ayuntamientos.

«A la Abogacía del Estado, y a mi personalmente no nos pasó desapercibido que todas las exigencias de EH Bildu que se vieron refrendada en esta ley vasca de 2016, no tenían otra finalidad que sortear los recursos interpuestos contra los acuerdos de los ayuntamientos vascos, orillando y sobrepasando el régimen legal y constitucional», ha denunciado.

BALANCE DEL CURSO POLÍTICO

En la comparecencia también ha intervenido la parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez, cuyo grupo ha organizado junto a la Fundación Denaes la jornada Defender España frente al nacionalismo vasco , con motivo del primer aniversario de la entrada de Vox en el Parlamento Vasco.

Martínez ha hecho balance del primer año de legislatura de Vox con representación en la Cámara vasca denunciando el «ejercicio antidemocrático de cuatro partidos políticos, liderados por el PNV, para silenciar a Vox».

«El PNV nos niega la palabra en el circo que se ha convertido el Parlamento. Bildu es capaz de negar la visibilidad de la asociación de lucha contra el cáncer por no firmar nada con Vox; el PSE se revuelve porque la mayoría de nuestras iniciativas debería ser apoyadas por ellos, y Podemos es un sucedáneo de Bildu condenado a desaparecer», ha afirmado.

Respecto a PP+Cs, cree que «se esfuerza por mantenerse al margen pero cuando se le presenta la oportunidad se suma al bloqueo» porque «no juega limpio, se rasga las vestiduras en el escenario contra el cordón pero de puertas a dentro, participa de él y desde el inicio de la legislatura».