Vox busca que el PP se pronuncie sobre la ilegalización de ERC y Junts y fuerza una votación en el Senado
Vox ha presentado una iniciativa en el Senado con la que obligará al PP a pronunciarse sobre la ilegalización de ERC y Junts, forzando una votación en la Cámara Alta, donde los populares tienen mayoría absoluta. En su texto, los de Santiago Abascal piden la ilegalización de ambas formaciones independentistas catalanas por «destruir el orden constitucional» y por «apoyo al terrorismo».
Con la iniciativa, Vox pide que el Senado inste al Ejecutivo a solicitar la ilegalización de dos de los socios de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, para que la moción salga adelante, son necesarios los votos del PP, por lo que tendrán que posicionarse al respecto.
En el llamamiento presentado en la Cámara Alta, al que ha tenido acceso Europa Press, Vox asegura que tanto ERC como Junts han «vulnerado los principios democráticos» por haber incurrido «de forma grave» en el apoyo «político expreso al terrorismo», además de por acompañar «la acción de la violencia» con sus programas y actuaciones.
Amparándose en la Ley de Partidos, Vox recuerda que entre las razones que podrían llevar a la ilegalización de partidos se encuentra el soporte que el expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, habrían dado a «grupos terroristas» como los CDR y Tsunami Democrátic, motivo por el que ambos «se encuentran imputados».
Además, según los de Abascal, ambos partidos «han impuesto la inclusión de los referidos grupos terroristas entre los beneficiados por la amnistía» pactada con el PSOE, como se han hecho eco «la práctica totalidad de los medios de comunicación».
COMBATIR A LOS «ENEMIGOS DE ESPAÑA»
La petición de Vox al Senado para formalizar una petición de ilegalización de ERC y Junts busca evitar que existan partidos que sirvan como «instrumentos» con los que «destruir el orden constitucional», que combata a «los enemigos de España y a los terroristas», además de contrarrestar «sus constantes intentos de alterar la paz pública, la convivencia y de terminar con la democracia».
«La defensa de España, de los españoles y del sistema democrático exigen dar un paso adelante cuando estos bienes tan preciados son atacados. El clamor de la calle exige que los representantes públicos de los españoles actúen en consecuencia y que, ante el ataque al Estado de Derecho que se está perpetrando por parte del PSOE, Junts y ERC, se dé una respuesta acorde a la legalidad», esgrime el texto.
Para los de Abascal «no se puede consentir» que existan partidos políticos que sirvan «de amparo e impulso a terroristas, que les den apoyo, siquiera tácito, o complementen su actividad política». Asimismo, afirman que «el clamor de la calle» exige a los representantes públicos a «combatir» los intentos «más deleznables de atacar la convivencia y acabar con el sistema democrático».
