Vodafone rebaja en 42 los afectados por el ERE, hasta un total de 467

Los sindicatos presentan una contraoferta con dos años de garantía de empleo

Vodafone ha rebajado el número de afectados por el ERE a 467 empleados, 42 personas menos de las que proponía antes de la jornada de negociación de este miércoles, según han trasladado fuentes sindicales a Europa Press.

De estas 42 personas, 32 ocuparán vacantes del plan social y diez, bajas voluntarias o movimientos entre departamentos que ya han tenido lugar.

Además, la compañía se ha comprometido a realizar un segundo estudio para aquellas posiciones en las que sea necesaria una formación más compleja a la hora de plantear recolocaciones.

La empresa además ha vuelto a plantear la posibilidad de externalizar las tiendas en lugar de cerrarlas.

CONTRAOFERTA SINDICAL

Por su parte, la representación legal de los trabajadores ha agradecido la disminución, que sigue considerando «claramente insuficiente», y ha presentado una contrapropuesta en la que plantean la firma de una garantía de empleo de dos años.

En cuanto a las tiendas, han pedido dejar elegir al empleado entre la indemnización o la subrogración, como forma de potenciar que la empresa promueva una externalización en mejores condiciones.

Para las salidas, los sindicatos reclaman 58 días por año trabajado con tope de 42 mensualidades más una suma de 6.000 euros para quienes cobren menos de 35.000 euros al año.

Asimismo, solicitan que las prejubilaciones se produzcan desde los 53 años con rentas hasta los 63 años y hasta los 65 años en caso de que los que se adhieran tengan más de 60 años.

Para adherirse, los trabajadores deberán tener siete años o más de antigüedad y cobrarían una indemnización del 85% del fijo y un 50% del variable teórico.

Además, la representación de los trabajadores ha pedido que rija la voluntariedad y no se veten perfiles, así como que el máximo de vacantes posibles no estén sujetos a adscripción territorial.

También se ha propuesto proteger colectivos vulnerables como personas con una discapacidad superior al 65%, o que tengan una pareja o descendientes con la misma, víctimas de violencia de género, así como mantener la proporcionalidad en casos de maternidad, paternidad o reducción de jornada.