Veinticinco presos de ETA han progresado al tercer grado con el Gobierno de Sánchez y 11 están en libertad condicional
«No los quieren cerca, los quieren libres», ha recordado la AVT tras las palabras de Otegi relacionando apoyar los Presupuestos con los presos
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha autorizado desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno la progresión al tercer grado o régimen de semilibertad de 25 presos de ETA, abriendo la puerta para que en 11 ocasiones la Justicia haya aprobado la libertad condicional, según los datos del Observatorio de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), consultados por Europa Press.
En la actualidad, 184 presos etarras cumplen condena en España –sin contar otros 20 en Francia–, de los que 73 tienen autorización para ser trasladados a cárceles del País Vasco gracias al fin de la política de dispersión que estaba en vigor dentro de la estrategia antiterrorista cuando ETA mataba.
Al renunciar a la violencia el 20 de octubre de 2011, ETA contaba con 595 presos en las cárceles de España y otros 140 en Francia. Según los datos de la AVT, sólo desde mediados de 2018 la Justicia ha dejado en libertad por cumplimiento de la condena a 54 terroristas, el primero de ellos Joseba Galarraga el 11 de junio de 2018 y el último el pasado 27 de agosto, Agustín Almaraz.
«PRESOS POR PRESUPUESTOS»
Asociaciones como la AVT lo que critican es la política penitenciaria que favorece el acercamiento y la progresión de grado sin colaboración previa con la Justicia para esclarecer los 300 casos sin autor condenado.
Este miércoles, cuando se cumplen diez años del comunicado en el ETA que puso fin a la violencia terrorista tras sucesivas operaciones policiales, la AVT ha recordado en su cuenta de Twitter que llevan «mucho tiempo» avisando de que hay un pacto de «presos por presupuestos» entre el Gobierno de Sánchez y EH Bildu. «No los quieren cerca, los quieren libres», ha apostillado.
La asociación reaccionaba de esta forma a las palabras del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que el pasado lunes relacionó la aprobación de los Presupuestos con la situación de los presos de ETA en un acto ante un grupo de militantes celebrado horas después de mostrar su «pesar» por el dolor causado a las víctimas de ETA y comprometerse a «mitigarlo».
El 12% DE ACERCADOS, EN TERCER GRADO
Desde este año ningún etarra cumple condena al sur de Madrid. La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 y de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior suma 272 traslados correspondientes a 203 etarras, 73 de ellos autorizados para ir al País Vasco –de los que se han materializado 63–, así como otros 17 a cárceles de Navarra.
Estos acercamientos llevan implícita la progresión desde el primer grado o régimen cerrado –el más estricto– hasta el segundo grado o régimen ordinario. Para 25 presos de ETA, el 12,3% de los presos trasladados de cárcel, Interior ha optado por la clasificación en tercer grado, entre ellos siete con delitos de sangre: Aitor Bores, José Ramón Foruria, Sebastián Echániz, Jesús María Martín Hernando, Ibon Etxezarreta, Luis María Carrasco y Mikel Arrieta Llopis.
El listado de los once presos de ETA que han alcanzado la libertad condicional desde que Sánchez es presidente es la siguiente: Aitor Bores, José Ángel Ochoa de Eribe, Gorka Fraile, Yagoba Codo, José Ramón Foruria, Fernando Alonso Abad, Oier Urrutia González, Anton Troitiño, Urko Labeaga García, Idoya Martínez García y Javier Aguirre.
SE CUMPLE LA LEY, SEGÚN EL GOBIERNO
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles que la política penitenciaria no está condicionada por otras cuestiones con el apoyo parlamentario de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado. Según él, se cumple la ley penitenciaria en todo momento.
En un auto del pasado 23 de septiembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó la decisión de Instituciones Penitenciarias de conceder el tercer grado al etarra Unai Fano Aldasoro, condenado a 20 años de cárcel, porque no apreciaba un «arrepentimiento expreso» de los delitos cometidos y del daño causado.
Las asociaciones de víctimas llevan desde 2018 cuestionando el arrepentimiento al que alude Instituciones Penitenciarias al entender que se trata de escritos genéricos. La AVT ha recordado por el décimo aniversario del fin de ETA que ningún etarra ha colaborado con la Justicia para esclarecer alguno de los 300 crímenes sin resolver.
