Víctimas recordarán mañana a Rajoy y Zoido que ETA no condena su pasado violento, lo que impide cambios penitenciarios
Recelan de la convocatoria del Pacto Antiterrorista y de los planteamientos del PNV una vez que la banda «dirigió su final propagandístico»
Las asociaciones de víctimas mayoritarias esperan poder recordar este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ETA no ha condenado su pasado violento al anunciar su disolución, lo que impide, de acuerdo al programa en vigor sobre reinserción individual de presos etarras, llevar a cabo los beneficios penitenciarios reclamados por el PNV y otros partidos.
En declaraciones a Europa Press, las presidentas de la AVT y de Covite han mostrado su malestar, en primer lugar, por la convocatoria del Pacto Antiterrorista por la mañana, antes de que el Gobierno oiga las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas, a las que se ha citado por la tarde en el Palacio de la Moncloa.
También rechazan que a la banda terrorista se le haya dejado «dirigir su final con fines propagandísticos», permitiendo que los terroristas Josu Ternera y Anboto hablaran de fin de ciclo sin rechazar expresamente el pasado violento de ETA –hubo un perdón en un comunicado por el sufrimiento causado, pero diferenciando entre víctimas directas e indirectas de lo que califican como conflicto–, ni tampoco hacer referencia a la exigencia de colaboración con la Justicia y al pago de las responsabilidades civiles.
Estas tres condiciones son las fijadas en el programa, aún en vigor, aprobado por el primer Gobierno de Mariano Rajoy para que los presos etarras tuvieran beneficios penitenciarios, pero de forma individualizada y cumpliendo la ley. «Seguimos sin saber si el Gobierno y el Ministerio del Interior están en condiciones de comprometerse a que no habrá cesión de la política penitenciaria al País Vasco, y que se mantienen los requisitos para los acercamientos», ha comentado Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite.
PROGRAMA PARA LA REINSERCIÓN
Ordóñez critica que el Ejecutivo de Rajoy «ya no hable» de su propio Programa para el desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual en el marco de la ley , lo que facilita, en su opinión, que «se abran paso las voces a favor del acercamiento sin condiciones de los presos de ETA». «No nos van a engañar», advierte la presidenta de Covite, que adelanta que velarán por que los presos acrediten «uno a uno» su desvinculación del pasado violento.
Las asociaciones de víctimas entienden que la disolución de ETA no afecta al programa de reinserción en vigor, ya que el texto recogía que «la admisión del interno» para obtener beneficios requería que, previamente, rechazara la violencia y se desvinculara de la organización criminal «a la que ha pertenecido o con la que ha estado relacionado». La jurisprudencia internacional, recuerdan, está avalada dispersión de los 228 reclusos terroristas repartidos aún en 45 cárceles españolas, con sólo cuatro etarras en el País Vasco.
La presidenta de la AVT, Maite Araluce, insiste en que quieren trasladar este jueves a Rajoy y Zoido que para ellos es fundamental que los miembros de ETA colaboren con la Justicia, así como que no haya impunidad y que los condenados cumplan íntegramente sus condenas. «Algunos hablan ya de los derechos humanos de las familias de presos, pero siguen sin decir nada de las familias de las víctimas que nos tenemos que desplazar a los cementerios para visitar a nuestros familiares», recuerda.
Para la AVT el final organizado por ETA, incluyendo el acto del pasado viernes en Cambo (Francia) organizado por los autodefinidos como mediadores , ha llegado en medio de una campaña para reivindicar el pasado terrorista. «Lejos de condenar su pasado violenta, los terroristas reivindican los objetivos políticos por los que asesinaron, inciden en más de lo mismo», defiende Araluce.
UNIDAD DE LOS DEMÓCRATAS
Antes de la cita en Moncloa con las víctimas de ETA, el Ministerio del Interior ha convocado este jueves por la mañana el Pacto Antiterrorista. La reunión con los diferentes partidos políticos, a falta de fijar la fecha, fue adelantada el pasado viernes por Rajoy en su declaración institucional coincidiendo con el acto en Francia de los mediadores .
Fuentes de Moncloa apostillaron ya el viernes que el Gobierno, aunque consciente de que la unidad no es sinónimo de unanimidad, quiere expresar en este foro que no tiene intención de cambiar la política penitenciaria. El PNV ha asegurado esta semana que no tenía intención de asistir a la reunión, entendiendo que existen otros foros en los que abordar la política antiterrorista una vez que ETA se ha disuelto.
El pacto nació en el año 2000 bajo el título de Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo . Fuentes de Interior precisan a Europa Press que la convocatoria de este jueves se inspira en esta idea de defensa unitaria de los principios democráticos frente al terror.
Se trata de una herramienta de unidad política en su origen frente al terrorismo de ETA, pero que ha incluido la lucha contra el terrorismo yihadista desde su irrupción en España. Precisamente, sus últimas reuniones han servido para informar y coordinar medidas contra este terrorismo, en especial tras los atentados de Barcelona y Cambrils.
PSOE Y PODEMOS VERSUS PP Y Cs
De los grandes partidos del Congreso, sólo Ciudadanos ha respaldado el mantenimiento de la dispersión de presos que contempla la legislación como medida para propiciar la desvinculación de ETA. El partido naranja defiende su permanencia mientras «haya asesinos sueltos» y para que la organización terrorista no saque réditos del «paripé» en torno a su disolución.
El PSOE cree que es necesario acercar a los presos etarras aunque sin cambiar los requisitos actuales para facilitar el acceso de los miembros de la banda terrorista encarcelados a beneficios penitenciarios, según explicó el exlehendakari y secretario de Política Federal del partido, Patxi López.
El dirigente socialista vasco precisó que su partido lleva años defendiendo «otra política penitenciaria» que termine con la dispersión, dado que, bajo su punto de vista, sólo sirve para que la banda y su entorno tengan elementos para jugar a la «victimización».
Podemos, que asiste como observador en el pacto antiterrorista, sostiene también el acercamiento de los presos de ETA a sus lugares de origen, pero además respalda la transferencia a Euskadi de la política penitenciaria. Es la misma tesis de los nacionalistas vascos.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, defiende que se trata de una demanda mayoritaria de la sociedad vasca y, según él, Mariano Rajoy es «sensible» a un cambio en la política penitenciaria. Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado esa posibilidad de acercar presos. El propio Rajoy ha garantizado además que ETA no obtendrá ningún beneficio por su disolución y no encontrará «ningún resquicio para la impunidad» tras sus crímenes.