Varias ONG denuncian que el decreto migratorio de Italia impide «asistir a personas en peligro»

Un veintena de ONG han denunciado este jueves que el decreto ley migratorio impulsado por el Gobierno italiano impide «prestar asistencia a las personas en peligro en el mar» y han pedido su retirada.

En un comunicado, las organizaciones, entre las que se encuentra Médicos Sin Fronteras (MSF), han expresado su «más profunda preocupación» al respecto y ha indicado que la medida «reducirá las capacidades de rescate en el mar y hará más peligroso el Mediterráneo central, una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo».

«El decreto se dirige de forma manifiesta a las ONG de búsqueda y salvamento, pero el precio real lo pagarán las personas que huyan por el Mediterráneo central y se encuentren en situaciones de peligro», recoge el documento, que señala que «los barcos civiles de salvamento llenan el vacío que los Estados europeos han dejado deliberadamente tras interrumpir sus operaciones de búsqueda y rescate».

En este sentido, las ONG han destacado su «papel esencial para cubrir este espacio y evitar que se pierdan más vidas en el mar, respetando siempre la legislación aplicable».

No obstante, han señalado que «los Estados miembro de la Unión Europea –en particular Italia– llevan años intentando obstaculizar las actividades de búsqueda y salvamento civiles mediante la difamación, el acoso administrativo y la criminalización de ONG y activistas».

Por ello, han recordado que «ya existe un amplio marco jurídico para las actividades de búsqueda y rescate, como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (Convenio SAR)».

Sin embargo, el Gobierno italiano ha introducido «otra serie de normas para los buques de búsqueda y rescate civiles, que obstaculizan las operaciones de salvamento y ponen en mayor peligro a las personas que se encuentran en peligro en el mar».

Así, el Gobierno italiano exige a los buques civiles de salvamento que se dirijan inmediatamente a Italia después de cada rescate. Esto retrasa las operaciones de salvamento, ya que los buques suelen realizar varios rescates a lo largo de varios días.

«Dar instrucciones a las ONG para que se dirijan inmediatamente a un puerto, mientras otras personas se encuentran en peligro en el mar, contradice la obligación del capitán de prestar asistencia inmediata a las personas en peligro, consagrada en la UNCLOS», han advertido.

Las ONG han recordado que esta estrategia está diseñada «para mantener a los buques de rescate fuera de la zona de rescate durante periodos prolongados y reducir su capacidad para ayudar a personas en peligro». «Las ONG ya están desbordadas debido a la ausencia de una operación de búsqueda y rescate por parte de los Estados y la menor presencia de buques de salvamento provocará, inevitablemente, que más personas mueran ahogadas en el mar», han puntualizado.

El decreto plantea, además, que es obligatorio recopilar a bordo de los buques de rescate datos de los supervivientes que expresen su intención de solicitar protección internacional y de compartir esta información con las autoridades.

En este sentido, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha estipulado que «es obligación de los Estados iniciar este proceso y una embarcación privada no es un lugar apropiado para ello y ha afirmado que las solicitudes de asilo solo deben tramitarse en tierra firme, tras desembarcar en un lugar seguro y una vez cubiertas las necesidades inmediatas.

«El decreto ley italiano contradice el Derecho Internacional, los Derechos Humanos y el derecho europeo, por lo que debería desencadenar una enérgica reacción por parte de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los Estados miembros y las instituciones europeas», indica el documento, que solicita a los diputados italianos votar en contra del texto en el Parlamento.