Valerio advierte de que el Gobierno «no se puede comprometer» a aprobar una pensión mínima de 1.080 euros

Confía en no tener que recurrir de nuevo al Fondo de Reserva, pero añade que si hay que «volver a sacar algo, se sacará»

BILBAO, 1

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha advertido este lunes de que el Gobierno «no se puede comprometer» a aprobar una pensión mínima de 1.080 euros, como tampoco puede hacerlo con un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200 euros. «Ya me gustaría a mí y a todo el Gobierno poner una pensión mínima de 1.080 euros», ha afirmado.

La titular de la cartera de Trabajo y Seguridad Social ha hecho estas declaraciones tras reunirse en Bilbao con una representación del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, que le ha pedido explicaciones sobre el acuerdo alcanzado por los partidos en el Pacto de Toledo.

En concreto, la ministra, en una rueda de prensa posterior, ha indicado que en la reunión le han planteado una serie de dudas y preguntas que ha tratado de resolver, una de ellas la relativa al acuerdo que se produjo la semana pasada en el Pacto de Toledo y las consecuencias de ligar las pensiones al IPC real.

En este sentido, ha recordado, en primer lugar, el acuerdo adoptado por el anterior Gobierno del PP, PNV y Ciudadanos para subir las pensiones este año de acuerdo al IPC y posponer la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. A su juicio, de alguna manera, el PP se dio cuenta que no debió aprobar nunca «unilateralmente» la ley de 2013 porque se trata de leyes que «afectan a millones de personas». «Se dieron cuenta que era insostenible socialmente y también políticamente porque las personas se habían movilizado», ha agregado.

La ministra ha señalado que cualquier gobierno que quiera sacar adelante una reforma de las pensiones de «buena manera, lo suyo es que tengan en cuenta el Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social». Además, ha recordado que hasta ahora no se había llegado a ningún acuerdo en el Pacto de Toledo, y el alcanzado la pasada semana es sobre una de las recomendaciones que existen, la relativa a la suficiencia de las pensiones.

Según ha destacado, se ha acordado que las pensiones suban de acuerdo al IPC real, de manera que si hay una desviación entre el IPC previsto y el que finalmente se produzca, se abonaría a principios del próximo año una paga compensatoria. «Es la misma dinámica que existía antes de la reforma del año 2013 del PP», ha manifestado Valerio en respuesta a las dudas que le han formulado los pensionistas.

Asimismo, ha señalado que otros de los planteamientos que le han formulado son los relativos a una pensión mínima de 1.080 euros y al establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 euros. En relación a esta última reivindicación, ha recordado que hay un acuerdo de los sindicatos, la patronal y el anterior Gobierno que establece el SMI en 850 euros el próximo año.

En este sentido, ha asegurado que es «voluntad» del Gobierno respetar ese acuerdo, además de ser una petición de los agentes sociales. «Vamos a ver cómo funciona ese acuerdo del SMI y cómo va funcionando también el IV Acuerdo por la negociación colectiva que firmaron en julio sindicatos y empresarios, y que implica una subida salarial del 2% anual y un 1% adicional en función de si se cumplen determinados parámetros y también contempla una subida del SMI según convenio para que en el entorno del año 2020 estemos en 14.000 euros al año», ha manifestado.

«YA ME GUSTARÍA A MÍ»

Según ha señalado, los agentes sociales le han pedido al Gobierno que espere a que «desplieguen efectos estos dos acuerdos», por lo que el Ejecutivo «no se puede comprometer» a establecer el año que viene un SMI de 1.200 euros, porque, además, son temas que se deben abordar en la mesa de diálogo social.

Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo tampoco se puede comprometer a establecer una pensión mínima de 1.080 euros el año que viene porque «mentiría». «Ya me gustaría a mí y a todo el Gobierno poner una pensión mínima de 1.080 euros. Lo que no voy a hacer es prometer algo que sé que no voy a poder cumplir», ha apuntado.

Sin embargo, ha señalado que ahora el Gobierno debe tener «claras dos prioridades», una la sostenibilidad social del sistema público de pensiones, es decir «garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las actuales y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema». «Un sistema que ha tenido pasado, presente, y tenemos que luchar por que tenga futuro», ha añadido.

Para ello, según ha indicado, hay que adoptar toda una serie de medidas para reorientar el sistema público y para que el déficit actual se pueda «controlar» y «a ser posible convertirlo en superávit».

«No me gusta hablar de la herencia recibida, pero, en este caso, no me queda más remedio que decir que en el año 2011, a 31 de diciembre, el Fondo de Reserva de la Seguridad Socia, en la hucha, teníamos unos ahorros de 67.000 millones previstos para ser utilizados cuando viniesen los años de 2022 y 2023», ha agregado.

La responsable de Trabajo ha confiado en no tener que recurrir de nuevo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero ha advertido que «si tenemos que volver a sacar algo del Fondo de Reserva, lo sacaremos».

«Lo que no vamos a dejar de hacer, bajo ningún concepto, es dejar de pagar la extra a nuestros pensionistas porque la necesitan para vivir ellos y, en muchos casos, para ayudar a sus hijos y a sus nietos que no tienen que estar sufriendo los efectos negativos de la crisis», ha indicado.

No obstante, ha advertido de que «es fundamental trabajar en el incremento de ingresos» porque «solo con cotizaciones» no se puede mantener el sistema. En este punto, ha recordado que «ya está previsto en la ley de la Seguridad Social» que las prestaciones contributivas básicamente se financian con cotizaciones, pero también se pueden intentar impuestos».

También ha aludido al debate de la mesa del diálogo social, o a los Presupuestos del año que viene, para «ir reorientando el barco para que la Seguridad Social tome un rumbo cierto y un futuro con solvencia financiera y social».

La responsable de la cartera de Trabajo ha insistido en la necesidad de incrementar el volumen de las cotizaciones con «empleo de más calidad, sueldos más altos o cotizaciones más altas». «Esas bases están ya asentadas», ha señalado.

Ha apuntado que, además, su Gobierno pondrá en marcha un Plan por un Empleo digno que va a «luchar contra la precariedad» y la «temporalidad abusiva», y que está «pendiente» en España una reforma fiscal. «Y no para que pague más la clase trabajadora y la clase media de este país, que pagan lo que tiene que pagar, sino para que pague más quien más tiene», ha dicho.

Por último, ha recordado que hoy es el Día de los Mayores y ha apuntado algunas de sus reivindicaciones, como las de pensiones dignas, la sanidad o el funcionamiento de los pilares del Estado del Bienestar.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando «para garantizar a la ciudadanía de a pie» que funcionan los cuatro pilares del Estado de bienestar, es decir la educación, la sanidad, el sistema público de pensiones y todo lo relativo a servicios sociales y aplicación de la ley de dependencia.