Urkullu solo decretará medidas con «garantías» jurídicas para evitar el riesgo de que sean rechazadas por los jueces

El lehendakari advierte de que no sería «responsable» establecer restricciones que puedan ser anuladas tras eventuales recursos

VITORIA, 6

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que el Gobierno Vasco solo decretará aquellas medidas que cuenten con las debidas «garantías» jurídicas para mantenerse vigentes una vez decaída el estado de alarma, dado que no sería «responsable» asumir el «riesgo» de que dichas restricciones frente a la covid-19 fueran rechazadas por los tribunales de justicia.

Urkullu, en declaraciones a los periodistas a su llegada al Parlamento Vasco, se ha referido, de esta forma, al decreto que aprobará este viernes para adaptar el catálogo de medidas preventivas frente a la pandemia a la situación que se producirá con el previsible decaimiento del estado de alarma a partir del lunes.

El lehendakari ha subrayado que todas las medidas que se recogerán en dicho decreto contarán con las debidas «garantías», y que serán restricciones «racionales y razonadas».

Urkullu también se ha referido a la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJPV), que en estos momentos está analizando la propuesta de nuevas medidas preventivas que le ha planteado el Gobierno Vasco, pueda rechazar algunas de las restricciones que pretende incluir el Ejecutivo autonómico en el nuevo decreto.

«Siempre he respetado lo que digan los tribunales. En este caso, no tengo nada que decir», ha afirmado. En todo caso, ha recordado la «actitud» que mantuvo la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV el pasado mes de octubre, cuando rechazó la intención del Gobierno Vasco de limitar a seis las agrupaciones de personas.

En la misma línea, ha aludido a la posición expresada este pasado miércoles por la Fiscalía del TSJPV, al mostrarse contraria a que se autoricen judicialmente los cierres perimetrales de Euskadi y de sus municipios, así como el toque de queda nocturno, tras finalizar el estado de alarma el próximo 9 de mayo.

«No tengo ninguna intención ni ninguna esperanza», ha afirmado Urkullu, que ha manifestado que desconoce «qué se puede esperar» de los tribunales tras la posición mantenida hasta el momento por el TSJPV, por la Fiscalía y por «algún magistrado» del Tribunal Supremo respecto a la decisión del Ejecutivo central de «poner la pelota» de la decisión definitiva sobre las restricciones «en el tejado» del alto tribunal.

«RAZONABLES Y RAZONADAS»

En esta situación, ha reiterado que las medidas que se adopten en Euskadi contarán con garantías «suficientes» y serán «razonables y razonadas». Respecto a la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo un eventual veto del TSJPV a las medidas que vaya a plantear en el decreto que aprobará este próximo viernes, ha afirmado que primero hay que esperar a que llegue la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

De todas formas, ha insistido en que las restricciones que contemplará su decreto contarán con las debidas «garantías». «No nos podemos arriesgar a que haya periodos de indecisión e incertidumbre ante recursos» que pueden derivar en una «pérdida de efectividad» de las medidas. «No creo que fuera responsable», ha manifestado.

ESTADO DE ALARMA AUTONÓMICO

También se ha referido a la posibilidad de que el Gobierno Vasco pueda solicitar la aplicación de un estado de alarma para Euskadi a partir del lunes. El lehendakari ha recordado que el Ejecutivo central también ha expresado su «negativa» a estados de alarma «locales», y ha lamentado que aún no ha obtenido «respuesta» a las propuestas que le ha planteado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al establecimiento de «compromisos de relación» entre ambos Gobiernos para «acordar medidas» frente a la pandemia.

Respecto a la situación epidemiológica, ha destacado que la tendencia es «positiva» y ha confiado en que siga «mejorando» si se mantiene el actual ritmo de vacunación y con la aplicación de las medidas preventivas. En este sentido, ha destacado la actitud de los ciudadanos en cumplimiento de las restricciones establecidas para contener los contagios.