Urkullu pide a Sánchez por carta que obligue a usar mascarilla y dote de medidas para limitar movilidad nocturna

VITORIA, 20

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, por carta que reforme su decreto para obligar a usar la mascarilla antes de su convalidación este miércoles en el Congreso de los Diputados. Además, le ha reclamado que dote de medidas con «seguridad jurídica» a las comunidades para limitar la movilidad nocturna y restringir el número de personas que se pueden agrupar.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en una comparecencia celebrada este martes ante los medios de comunicación en Vitoria tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Concluido el encuentro, el propio Lehendakari ha informado a sus consejeros que este pasado lunes remitió a Sánchez una misiva en la que le transmite su preocupación por los efectos que el Real Decreto del pasado 24 de junio sobre la flexibilización del uso de la mascarilla «han tenido», ya que en «muchos casos» ha conllevado que se haya dejado de utilizar, «aunque no fuera ese el objeto» del texto que aprobó el Ejecutivo del Estado.

Ante el hecho de que el decreto vaya a ser ratificado este miércoles en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados ha propuesto al presidente del Gobierno que modifique del texto antes de convalidación «para que sea posible reafirmar con nitidez que el uso constante en la mascarilla debe ser una obligación». De esta forma, plantea que se pueda prescindir de ella solo en aquellos «espacios naturales en el que no se produzcan concurrencia de personas».

ALTOS NIVELES DE CONTAGIO

Por otra parte, «ante los niveles de contagio que se están dando y las situaciones dispares que se están produciendo como consecuencia de las ratificaciones o no de los tribunales correspondientes» en cada comunidad autónoma, el Lehendakari ha solicitado a Pedro Sánchez «formalmente, en nombre de una cogobernanza real y efectiva, la adopción urgente» esta misma semana de las medidas necesarias para dotar a las autonomías de un marco de seguridad jurídica «suficiente» para que puedan aplicar, de inmediato, medidas.

De esta forma, pretende que se facilite que las comunidades autónomas puedan limitar la movilidad nocturna y el número de personas que se puedan agrupar «en diferentes circunstancias».