UPA valora «positivamente» el real decreto de regulación del aceite
Defiende que se puedan limitar los rendimientos de producción cuando sea necesario
La Unión de Pequeños Agricultures y Ganaderos (UPA) ha valorado «positivamente» el real decreto que articula la autorregulación del mercado de aceite, que aprobó este martes el Consejo de Ministros, aunque ha defendido la posibilidad de que se puedan limitar los rendimientos de producción cuando sea necesario.
En concreto, la organización agraria ha señalado en un comunicado que esta norma «debe convertirse en una herramienta de futuro para mejorar la estabilidad de la rentabilidad de los olivareros».
De esta forma y a falta de conocer los últimos detalles del texto, UPA considera necesario que «de manera inmediata» el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaje «mano a mano» con el sector para su puesta en marcha.
La organización agraria recuerda que ha trabajado «durante muchos años» junto al resto del sector en el seno de la Interprofesional y en las diferentes mesas de trabajo que se han mantenido con Agricultura para contar con una herramienta de estas características.
«Ahora es el Ministerio de Agricultura el que tiene la potestad de legislar en este sentido, y permitir al sector regular la cantidad total de aceite de oliva que se pone en el mercado y aquella que se retira del mismo», han señalado desde UPA.
La organización cree que el Departamento que lidera Luis Planas ha optado finalmente por la solución de regular la cantidad que se retira, eliminándose del texto definitivo la posibilidad de limitar los rendimientos de producción en aquellas campañas que se considerase necesario.
UPA se ha posicionado a favor de mantener esa posibilidad, como un elemento de defensa del olivar tradicional, frente al intensivo y superintensivo.
El olivar tradicional supone en torno al 70% de la superficie cultivada en España, alrededor de 1,7 millones de hectáreas, de las cuales dependen más de 250.000 familias, concentradas en zonas rurales de Andalucía (70%), Castilla-La Mancha (12%) y Extremadura (10%).
«Estos olivares ofrecen un aceite de una singularidad excepcional y forman parte del patrimonio histórico y cultural de nuestro país y deben ser protegidos», recalcan desde la organización.
