UPA-COAG apela a la responsabilidad de las industrias lácteas para no retrasar contratos a ganaderos de ovino
VALLADOLID, 10
La Alianza UPA-COAG ha apelado a la responsabilidad de las industrias lácteas en Castilla y León para que no jueguen temerariamente con el presente y el futuro de los ganaderos de ovino de leche en materia de precios.
Según constata la organización en un comunicado remitido a Europa Press, los ganaderos de la región «siguen sin conocer las condiciones económicas de los contratos lácteos para este año 2022» y teme que sea «una maniobra interesada» de las empresas que «retrasarán el tiempo que haga falta dichos contratos hasta que conozcan los precios que la distribución marque a determinados productos lácteos en los lineales».
Se trata, según lamenta la Alianza, de «una nueva estratagema» y una «acción interesada» por parte de las industrias lácteas para conseguir «mayores beneficios a costa de los ganaderos», que se encuentran «en una situación límite» debido a «los altísimos costes de producción que llevan asumiendo desde hace meses por los precios tan elevados de piensos, electricidad, gasóleo y resto de insumos».
En este sentido, la Alianza UPA-COAG ha recordado a las industrias lácteas que estará «muy vigilante» para el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, a fin de que los ganaderos cobren unos precios «nunca por debajo de los costes de producción», y así «de una vez por todas ni industria ni distribución se aprovechen del esfuerzo y del trabajo remunerado que se merece el primer eslabón de la cadena».
En este sentido, ha recordado que las explotaciones de ovino son «fundamentales» para asentar población en zonas desfavorecidas de Castilla y León después de que hayan protagonizado «importantes inversiones en mejora genética y en las propias explotaciones en los últimos años», con el peligro de que ahora «no vean rentabilizada su actividad debido a los míseros precios que algunos pretenden que perciban los productores por la leche».
En este sentido, la Alianza UPA-COAG estima que la mitad de las explotaciones dedicadas al ovino de leche en Castilla y León «verían peligrar su supervivencia en 2022 si los precios no se ajustan a la realidad actual».
Por este motivo, ha instado a la industria láctea a actuar «responsablemente» y pagar «un precio justo» por la leche de oveja, al tiempo que ha requerido a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España que «tomen conciencia» de este problema y «actúen», si fuera necesario, para que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria y se impida «con sanciones duras» cualquier «maniobra interesada» que quiera «arruinar a las explotaciones de ovino de Castilla y León».
