UPA celebra la aprobación del decreto de granjas vacunas, pero pide apostar por la ganadería familiar

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha celebrado la reciente aprobación del RD 1053/2022 por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, pero ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una «apuesta firme» por la ganadería familiar, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha participado activamente en el proceso de definición de este decreto, cuyos trabajos se han prolongado varios años y ha valorado «positivamente» esta norma, aunque advierte de que hay cuestiones mejorables que esperan poder incorporar en el futuro.

De esta forma, entre lo más positivo destaca el establecimiento de un tope en la capacidad productiva máxima de las granjas de 850 Unidades de Ganado Mayor (UGM), siendo 1 UGM una vaca lechera, por ejemplo.

También se tendrán en cuenta las explotaciones semiextensivas y se eliminan ciertos condicionantes a las distancias mínimas entre las explotaciones que aparecían en los primeros borradores y que no suponían ninguna ventaja y sí «muchos inconvenientes».

El nuevo texto establece requisitos acerca de las infraestructuras, la ubicación o el manejo en función del tamaño de las granjas, y establece cuatro categorías.

UPA ha expresado alegaciones en relación al tamaño de estas categorías, ya que la primera de ellas pone su techo en 20 UGM, un tamaño demasiado pequeño, que debería haberse ampliado hasta las 100.

Otro de los aspectos mejorables para la organización agraria es la de no establecer un techo a las explotaciones extensivas, algo que esperan que se incorpore en el futuro. También los requisitos sobre las granjas ya existentes, las que puedan instalarse en zonas de especial protección, o las normas para la instalación de bebederos en explotaciones extensivas, que deberán adecuarse a la realidad para que no sean «incumplibles».

De esta forma, UPA seguirá trabajando con el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas para que el decreto contribuya, y no frene el relevo generacional, y siente las bases de un sector «moderno, sostenible y rentable».

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