UP y PSOE pactan elevar las penas para castigar a empresarios que incumplan reiteradamente los derechos laborales
PSOE y Unidas Podemos han acordado castigar con hasta seis años de prisión a empresarios que perpetren incumplimientos reiterados o supriman de forma habitual los derechos laborales o las condiciones de trabajo pactadas, tanto en contratos como en convenios.
Así lo recoge una de las enmiendas conjuntas al proyecto de ley para derogar el delito de sedición y reemplazarlo por el de desórdenes públicos agravados, incluyendo también un nuevo punto al artículo 311 del Código Penal, que establece supuestos de delito contra los derechos laborales.
Concretamente, se incluye un primer apartado con penas de prisión de seis meses a seis años, y multa de seis a doce meses, para aquellos que «mediante engaño o abuso de situación de necesidad», impongan a los trabajadores a su servicio «condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual».
«Las mismas penas se impondrán a quien imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa».
OBJETIVO MARCADO POR YOLANDA DÍAZ
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya avanzó que trabajaba con Justicia y la Fiscalía para reformar delitos en el ámbito laboral, con el objetivo de poder depurar responsabilidades penales en los tribunales.
Hoy en redes sociales, ha destacado que tras este pacto, vía enmienda, la «defensa de los derechos laborales en casos flagrantes de injusticia estará garantizada por el Código Penal», con una redacción para que los «incumplimientos reiterados» de la legislación laboral no queden impunes.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha explicado que se elevan penas para empresarios que, de forma sistemática, incumplen la legislación laboral y evitar que, como a su juicio ocurre ahora, se vayan de «rositas» dado que les «compensa más pagar la multa que cumplir la legalidad».
