UP acusa al TC de poner en riesgo la «inviolabilidad» del parlamento y de que jueces «ultras» sustituyan al legislativo

Dice que la autonomía de las Cortes debe prevalecer y censura al PP de crear un proceso «sumario» con «decisiones políticas» de sus afines

Unidas Podemos ha asegurado de que el Tribunal Constitucional (TC) puede poner en riesgo la «inviolabilidad» de las Cortes Generales si adopta la suspensión de la reforma que desbloquea su renovación, dado que está en juego a raíz del recurso del PP si en España legislan «jueces ultras» o el «pueblo», a través de sus diputados.

También ha retado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que acepte que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien resuelva este conflicto, al acusar a la formación de aspirar a que los magistrados con mandato caducado tomen una «decisión política» con un proceso «sumario» propio de un «Estado de excepción».

Así lo han indicado el presidente del grupo parlamentario confederal, Jaume Asens (En Comú Podem), y el portavoz adjunto, Enrique Santiago (IU), en rueda de prensa para detallar las nuevas medidas jurídicas emprendidas ante el Pleno del TC convocado este lunes, y donde han subrayado que la autonomía parlamentaria debe prevalecer sobre decisiones apriorísticas del Constitucional.

De esta forma, han elevado una petición al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que, entre otras cuestiones, establezca si los magistrados Pedro José González-Trevijano Sánchez y Antonio Narváez Rodríguez deben abstenerse de modo automático, y si, de incumplirlo, se sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de las actuaciones.

A su vez, han elevado otro escrito al propio tribunal de garantías, para demandar que las medidas cautelarísimas que piden los populares carece de sentido y es «claramente prematuro», dado que no se ha agotado el procedimiento de recurso en la provia vía parlamentaria, dado que resta la decisión de la Mesa del Congreso a las alegaciones planteadas por los populares.

ESTÁ EN JUEGO SI ESPAÑA GIRA AL MODELO DE HUNGRÍA

Durante su comparecencia, Asens ha reprochado al PP su «intento de instrumentalizar el TC» y generar la «mayor crisis institucional en 40 años» con un «precedente muy peligroso», dado que está en juego si España es una «democracia madura» y su «prestigio internacional», o se dirige al modelo de «Hungría y Polonia», donde gobiernan los aliados de la derecha.

Además, ha ahondado en la «falta de imparcialidad» de los magistrados con mandato caducado del TC, que están directamente afectados por esta reforma dado que de ella depende su futuro laboral y su sueldo.

«Europa tiene que ser el árbitro del conflicto porque el que tenemos (el TC) está comprometido», ha enfatizado para alertar también que España se arriesga a que la UE le abra un expediente y le imponga una sanción.

En esta línea, Asens ha opinado que no está reglado el recurso previo a la constitucionalidad de la ley, dado que eso desdibujaría el propio recurso de amparo cuando la normativa es oficial, y que está claro que el PP está utilizando un «subterfugio» para «desnaturalizar las reglas» del juego democrático para que los magistrados con mandato caducado decidan sobre su recurso, lo que es un «intento torticero» de alterar la soberanía popular.

RESPETAR LA AUTONOMÍA PARLAMENTARIA

Cuestionado sobre si finalmente el TC decide suspender la tramitación de la reforma para su renovación y qué debería hacer el Senado, el dirigente de En Comú Podem ha reconocido que se entraría en una dimensión desconocida que hace difícil prevé las consecuencias si se «perpetra este golpe».

Eso sí, ha dejado claro que Unidas Podemos defiende «siempre» que la autonomía parlamentaria «debe prevalecer sobre las instromisiones de otros poderes», máxime si son «ilegítimos» como en el caso del TC y del CGPJ, porque está en juego la «separación de poderes» y la soberanía popular, base de la propia democracia.

Al respecto, algunas fuentes de la confluencia indican que el grupo no tiene posición sobre cómo debería actuar el Senado en caso de se paralice la reforma, aunque se muestran a favor de que la Cámara Alta no se diera por aludida.

EL TC AMENAZA CON VULNERAR LOS DERECHOS PARLAMENTARIOS DE LA MAYORÍA

Mientras, Santiago ha recriminado el comportamiento del «aparato judicial secuestrado por la derecha», que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el tercio de los magistrados del TC con mandato caducado sigue tomando «posiciones políticas una detrás de otra». Es más, ha sostenido que actúa en este caso sin «competencias para ello», porque solo está reglado que el alto tribunal resuelva sobre normas aprobas en las cortes pero no existe ningún proceso de legislación previa.

Por tanto, ha denunciado que se está «impidiendo» a los parlamentarios legislar con la amenaza de «golpe a la democracia» sin precedentes, vulnerando además el artículo 66.3 que pauta que las Cortes Generales son inviolables.

Además, ha censurado que se trata de justificar este golpe con «argumentos surrealistas», como el tener que resolver sobre presunta vulneración de derechos de los diputados del PP, cuando de aceptar la suspensión sería «absolutamente inaceptable» porque se estaría infringiendo el de otros diputados, que además son un colectivo más extensos como quedó demostrado en la votación del Congreso a favor de la medida.

Por tanto, Santiago ha lanzado que «toda España» conoce que los vocales y magistrado del TC tratan de «perpetuarse en el poder» y que sería inaudito que se pronuncie sobre la paralización de la reforma legislativa sin dejar personarse a grupos afectados, o sobre la petición de recusación de Trevijano o Narvaez. Y también ha demandado explicaciones de por qué se ha dejado la ponencia a Enrique Arnaldo, que aparece en el sumario del caso Lezo presumiendo de colocar fiscales «afines» al PP.

De esta forma, ha sentenciado que hay tiempo para desplegar un proceso con «garantías», una vez se pronuncie el Senado sobre la proposición de ley, y que no se cause un «perjuicio irreparable a la soberanía popular.