Unos 10.000 policías blindarán la cumbre de la OTAN: no se prevén protestas violentas y queda la incógnita de Zelenski

Interior refuerza los controles fronterizos y Defensa se encargará de determinar las restricciones al espacio aéreo

Unos 10.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la coordinación de la Policía Nacional, blindarán Madrid con motivo de la cumbre de la OTAN, una cita internacional que contará con el mayor despliegue policial de la historia de España al reunir a más de 40 líderes mundiales, con la incógnita aún de si el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, participará de forma online o presencial.

En el contexto de la guerra de Ucrania y de las tensiones entre la OTAN y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la Operación Eirene («Aquella que trae la paz» en la mitología griega) estará liderada por la Policía Nacional, el cuerpo que aporta mayor número de efectivos: 6.550 agentes; a los que hay que sumar los 2.400 de la Guardia Civil y policías municipales, bomberos, seguridad privada y servicios de emergencias, según han especificado fuentes del Ministerio del Interior.

La agenda oficial de la cumbre que se celebra en IFEMA está fijada para los días 29 y 30 de junio, pero desde un día antes están previstos los primeros encuentros bilaterales en Moncloa de mandatarios con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como una cena ofrecida por los Reyes en el Palacio Real.

Todos los esfuerzos se centran desde hace meses en garantizar que no haya ningún fallo, lo que incluye contar con rutas alternativas para las comitivas y zonas de evacuación identificadas, sobre todo en el recinto de IFEMA, que quedará blindado por completo. Los mandos policiales tienen en cuenta que hay cuestiones que suponen cierta complejidad añadida como la presencia física de Zelenski en Madrid –sería su primera salida de Ucrania tras iniciarse la guerra–, aunque es presumible que esto no se despeje hasta el último momento.

NO SE HA DETECTADO NINGUNA AMENAZA CONCRETA

Uno de los principales retos será garantizar la ciberseguridad, sobre todo ante posibles amenazas exteriores provenientes de países como Rusia en un contexto de tensión con Occidente y, específicamente, con la OTAN. Aparte de la monitorización cibernética, la Policía Nacional desplegará su sistema de drones y el Ministerio de Defensa es el encargado de determinar qué tipo de restricciones habrá en el espacio aéreo dentro de un dispositivo en el que, en lo que se refiere a patrullaje y seguridad ciudadana, no contará con la presencia de militares en las calles.

Interior, que en su última reunión semanal decidió mantener el nivel 4 sobre 5 de Alerta Antiterrorista, está recibiendo informes diarios tanto del CNI como del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organización (CITCO). No se descarta ningún escenario en lo relativo a problemas de seguridad durante el evento –nunca se hace–, aunque no se haya detectado a fecha de hoy ninguna amenaza concreta.

«Estamos preocupados y ocupados, pero a día de hoy no observamos ninguna cuestión especial que tuviera que elevar la ocupación», han señalado desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska al ser preguntados, a doce días de la cumbre, si se han detectado planes concretos para atentar en España, mayor número de ciberataques o haya alguna alerta por la presencia de antisistemas con capacidad para provocar altercados graves.

A este respecto, se han reforzado los controles fronterizos para detectar la posible llegada de personas con un perfil radical, lo que ha supuesto restricciones específicas al tratado de Schengen. El dispositivo, no obstante, va ganando en intensidad conforme se acerca la inauguración: de las fases preventiva y de alerta se pasará el día 27, lunes, a la activación de la «fase crítica».

Para ello, los responsables policiales vigilan que se guarde el «equilibrio» entre la seguridad de los 5.000 participantes en la cumbre y la «continuidad de la vida cotidiana de los madrileños», así como el derecho a manifestación de todas aquellas personas que quieran expresar su rechazo a la OTAN, aunque la previsión –a falta de detalles operativos– es que las protestas no se puedan llevar a cabo en la zona aledaña de IFEMA por motivos de seguridad.

EVITAR EL VEHÍCULO PRIVADO

El Gobierno prevé incrementar estos días los mensajes para que los ciudadanos eviten durante la cumbre usar sus vehículos privados –en beneficio del transporte público– y potenciar el teletrabajo en la medida de lo posible, ya que el trasiego de convoyes de coches de los mandatarios desde sus hoteles a IFEMA o al Palacio de Moncloa, donde hay previsto reuniones bilaterales, será constante desde el 28 de junio.

A favor de conseguir que las restricciones en los movimientos de los madrileños tengan el menor impacto posible juega, según ha destacado Interior, la «excelente colaboración institucional» tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento de la capital. «Madrid y España se juegan mucho en su proyección internacional», subrayan.

Un pabellón de IFEMA acogerá el Centro de Coordinación (CECOR) del dispositivo que lidera la Policía Nacional –con el Director Adjunto Operativo (DAO) como máximo responsable de todo el operativo–, y que contará con mandos de la Guardia Civil, Policía Municipal, CNI, CITCO o Casa Real, así como representantes de ministerios de Exteriores, Defensa, la Delegación del Gobierno, Protección Civil y la seguridad privada de IFEMA.

Interior ha previsto, además, una sala CECOR espejo fuera de IFEMA aunque, por motivos de seguridad, mantiene en secreto su ubicación. A los 10.000 policías hay que sumar la seguridad de cada una de las delegaciones, siendo la más numerosa de todas la que encabeza el presidente de EEUU, Joe Biden. Sólo acondicionar IFEMA cuenta con un presupuesto de 35 millones, aunque el Gobierno espera no llegar a gastarlo por completo.

La Seguridad de la Casa Real también tendrá un papel determinante, sobre todo en lo relativo al programa para acompañantes de los presidentes y primeros ministros, al contar con la Reina Letizia como anfitriona dentro de una agenda, en paralelo a la oficial, que incluye visitas al Palacio Real de La Granja de San Ildefonso de Segovia y cenas en el Palacio Real o en el Museo del Prado. El objetivo, han especificado desde el Gobierno, es proyectar la imagen de España como un país solidario, sostenible e igualitario.