Unidas Podemos reclama al Gobierno que las pruebas de los interinos no sean eliminatorias en los procesos de oposición
Unidas Podemos reclama por carta a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, una serie de mejoras al real decreto ley para reducir la temporalidad en el empleo público y exige que las pruebas que se establezcan no sean eliminatorias para los interinos, así como que cualquier aspirante pueda usar la mejor nota obtenida en procesos anteriores.
Así lo detalla el portavoz de Función Pública de la formación, Pedro Antonio-Honrubia, en esta misiva para demandar a la nueva titular de Función Pública que estas medidas sean incorporadas antes de su votación en el Congreso.
Concretamente, plantea que se establezcan que en los procesos de oposición, ni las pruebas ni la fase de oposición podrán ser eliminatorias, pues e formato actual «perjudica» a las personas que concurren pese a acumular muchos años de experiencia.
También exige establecer que el aspirante pueda utilizar la mejor nota obtenida en cualquier proceso anterior convocado por la misma administración para el acceso al mismo cuerpo, escala o categoría.
«Solamente haría falta voluntad política de reformar los textos legales correspondientes para que se pudiera encajar en nuestro ordenamiento jurídico la propuesta de fijeza que demanda buena parte del colectivo de interinos», ha trasladado el responsable de Unidas Podemos para dejar claro que no renuncian a esta propuesta.
SE TRATA DE «HACER JUSTICIA»
Pese a que son «conscientes» de que hay posiciones distintas en el seno de la coalición sobre esta materia, piden al Ministerio que acometa esta modificación para, de esta forma, avanzar en el camino de «reparar el maltrato» causado a este colectivo por parte de las administraciones públicas».
Se trata, en definitiva, de «hacer justicia con ellos y también garantizar la eficiencia de nuestro sector público no desaprovechando la experiencia acumulada por estas personas.»
Por último, el grupo parlamentario traslada la necesidad de un compromiso de que se aumenten «significativamente por encima del 100% las tasas de reposición en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 en aquellos servicios públicos que han sufrido recortes en plazas estructurales desde el año 2008».
También que este aumento se mantenga «durante un número de años suficiente como para recuperar el número de plazas estructurales previo a los recortes», para así garantizar «que esta inaceptable situación de precariedad fuera de la ley y de maltrato a nuestros profesionales públicos no se vuelve a repetir» así como «el buen funcionamiento de nuestros servicios públicos».
