Unidas Podemos quiere saber si el Gobierno tiene contratos con las consultoras multadas por la CNMC y qué piensa hacer
Unidas Podemos quiere saber si el Gobierno que comparte con el PSOE tiene contratos en vigor con alguna de las 22 consultoras que han sido multadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por manipular licitaciones públicas para repartírselas entre los años 2008 y 2018 y ha exigido que se actúe en consecuencia para evitar que esas empresas «se vayan de rositas».
En concreto, ha sido el diputado por Vizcaya Roberto Uriarte quien, a través de una batería de preguntas registrada en el Congreso, ha pedido al Ejecutivo que «se vaya hasta el final» ante estos casos de «corrupción tan graves» y que, si es menester, ponga en conocimiento de la Fiscalía algunas de las situaciones descubiertas por la CNMC.
En sus iniciativas, Uriarte se hace eco de la existencia de dos cárteles diferenciados (el norte y el nacional) a los que achaca «prácticas fraudulentas». Así, subraya que la CNMC «describe hechos y aspectos que indican la connivencia, conocimiento o incluso implicación activa de gerentes de la función pública en los cárteles».
Ante este panorama, exige que el Gobierno le detalle qué piensa para «evitar que los cárteles de empresas de consultoría se reproduzca en el futuro» y para «promocionar la competencia».
LOS CASOS DE EUSKADI
Según relata, en el caso de Euskadi, estos casos afectan a cerca de un centenar de licitaciones del Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos. De hecho, apunta que la CNMC expone como «uno de los casos más graves» el intercambio de correos de 2016 entre los responsables de la Autoridad Portuaria de Bilbao y los de la consultora Deloitte referidos a un estudio de impacto ambiental del puerto para configurar el contrato de consultoría.
«¿Se ha considerado la posibilidad de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos graves acaecidos en el Puerto de Bilbao?», pregunta Uriarte.
El diputado de Unidas Podemos también quiere saber los contratos que se han formalizado desde los ministerios, agencias del Estado, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos con las consultoras multadas entre 2019 y 2020 y si actualmente hay algún contrato en vigor con alguna de ellas, como es el caso de Idom, que ha logrado un estudio sobre el tranvía de Vitoria apenas dos semanas después de ser sancionada.
