Unidas Podemos pide en el Congreso quitar condecoraciones a dictadores y a condenados por delitos antidemocráticos

Los socios del PSOE retoman esta cuestión casi un año después de que la Cámara instara a despojar de sus medallas a Billy el Niño

Unidas Podemos quiere que el Gobierno retire las condecoraciones otorgadas a miembros de regímenes totalitarios internacionales como el dictador argentino Jorge Rafaél Videla o el guineano Teodoro Obiang, así como a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o por actuaciones de carácter antidemocrático.

El pasado mes de junio el Pleno de la Cámara aprobó una proposición no de ley del PSOE y el grupo confederal, pactada con Ciudadanos, que urgía al Gobierno a despojar de sus medallas, ya a título póstumo, al policía franquista Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño , y a quienes como él realizaran actos incompatibles con los Derechos Humanos.

De momento, ese mandato no se ha hecho realidad. El Gobierno insiste en que esas condecoraciones a policías y guardias civiles se rigen por leyes de 1964 y 1976 que no cuentan con un procedimiento de revocación de las mismas, por lo que, es preciso una reforma legal para poder hacerlo. La previsión es que esa modificación se haga a través de la futura Ley de Memoria Democrática, aún en fase de anteproyecto.

Mientras llega esa reforma, Unidas Podemos, en un texto recogido por Europa Press, insta expresamente al Gobierno «a que proceda a la revisión y retirada de las condecoraciones y distinciones otorgadas a miembros de regímenes totalitarios y a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o actos delictivos que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales».

En la exposición de motivos de la iniciativa, el grupo confederal emplaza a revisar esas distinciones para retirárselas a quienes hayan «vulnerado los límites del derecho interno e internacional», entre los que cita a «líderes de regímenes totalitarios» que hayan «cometido graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad».

ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA

Los socios del PSOE en el Gobierno recuerdan que algunos de estos personajes han sido distinguidos con la Real Orden de Isabel la Católica, que reconoce «comportamientos extraordinarios de carácter civil» en «beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional».

En concreto, citan al dictador argentino Jorge Rafael Videla, condenado en su país como autor de 469 crímenes de lesa humanidad, y a Gregorio Conrado Álvarez Armelino general golpista de Uruguay, condenado por múltiples delitos de homicidio y desapariciones forzadas.

Unidas Podemos recuerda que Juan Carlos I también premio con esta distinción a personajes como Teodoro Obiang, quien, recalcan, «llegó al poder en Guinea Ecuatorial por medio de un golpe de Estado y continúa persiguiendo a la oposición política de su país desde hace más de cuarenta años».

REVISIÓN PORMENORIZADA

También mencionan las medallas policiales «reconocidas a funcionarios franquistas que han difundido el terror desde los aparatos represivos del Estado» como Billy el niño y recuerdan que también han recibido distinciones «otras figuras menos mediáticas pero no menos escalofriantes».

En este caso mencionan al policía franquista José Sainz González, alias Pepe el Gordo , poseedor de la medalla de Oro al Mérito Policial, pese a haber sido imputado por la querella Argentina por torturas y violación de derechos; el torturador franquista Manuel ballesteros García, quien acuula hasta siete medallas; o el ex Jefe de la Brigada Político-Social Eduardo Quintela Bóveda, a quien tiene la Medalla de Plata al Mérito Policial.

Unidas Podemos defiende que «después de más de cuarenta años de democracia» ha llegado el momento de hacer una «revisión pormenorizada» de este tipo de reconocimientos, a su juicio, «impunemente otorgados» y proceder a su retirada en caso de que sus dueños hayan pertenezcan a regímenes totalitarios o hayan sido condenados por delitos antidemocráticos.