Unidas Podemos pide a Colombia una investigación independiente sobre vulneración de DDHH y una reforma de su policía
Unidas Podemos ha reclamado por carta al Gobierno colombiano que acometa una reforma integral de sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad «con el fin de garantizar la paz» en el país, así como el impulso de una «investigación independiente y exhaustiva» sobre asesinatos, desapariciones y vulneraciones de Derechos Humanos en los últimos meses.
Así lo plantan los diputados del espacio confederal Gerardo Pisarello, Antón Gómez-Reino y Lucía Muñoz en una misiva dirigida a la vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y el embajador de este país en España, Luis Guillermo Plata.
De esta forma, transmiten su «más profunda preocupación» por la «grave crisis de derechos humanos» que atraviesa, a su juicio, Colombia desde el pasado 28 de abril, fecha de inicio de protestas masivas en el marco de un paro nacional que dura ya más de seis semanas.
También detallan que, según las cifras de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo Colombiano, han sido asesinadas al menos medio centenar de personas, si bien afirman que muchas de ellas pueden «no guardar relación directa con las protestas».
Sin embargo, los diputados de Unidas Podemos destacan que otras plataformas sociales han cuantificado al menos 60 asesinatos en el marco de estas movilizaciones, así como centenares de heridos y desaparecidos, junto a multitud de casos de «abusos policiales».
«La situación es especialmente grave en Cali, hoy el epicentro de las protestas y la represión. La militarización de un conflicto social como el que acontece actualmente en Colombia solo abre la puerta a la violencia (…) y obstaculiza enormemente el diálogo nacional en favor de una resolución pacífica y democrática al conflicto», desgranan los tres diputados.
«FRENAR LA BRUTALIDAD POLICIAL» Y MISIONES DE VERIFICACIÓN
De esta forma, los representantes de Unidas Podemos solicitan que el Ejecutivo colombiano ponga todos los medios a su alcance para «frenar la brutalidad policial» contra la población civil y «la persecución a la población», garantizando el «pleno ejercicio del derecho a la protesta pacífica».
También demandan que facilite la entrada de misiones de verificación de la situación de derechos humanos en el país, respetando el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y atendiendo a sus recomendaciones.
Finalmente, exhortan al Ejecutivo colombiano que propicie un «diálogo nacional participativo e inclusivo» con organizaciones sociales y fuerzas políticas, con vistas a una «pronta superación del conflicto.
