Unidas Podemos, partidaria de rebajar penas por malversación si no hay lucro personal, lo que beneficiaría a Griñán
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se ha mostrado partidario este lunes de modificar el Código Penal para rebajar las penas previstas para el delito de malversación en el caso de que no haya enriquecimiento personal, una reforma que, además de beneficiar a los líderes del proceso independentista de 2017, también podría ayudar al expresidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE.
En una rueda de prensa en el Congreso, Asens ha señalado que la actual tipificación del delito de malversación, que viene de la etapa de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, «es un desastre» que puede dar lugar a «situaciones injustas». Por eso su formación cree conveniente retocarlo y no descarta hacerlo mediante enmiendas a la proposición de ley que ha presentado con el PSOE para eliminar el delito de sedición.
Asens ha explicado que el grupo confederal aún no ha decidido si presentarán sus propias propuestas en este sentido o apoyarán las que podría presentar ERC, pero ha dejado claro que hay que reformar ese delito para diferenciar las penas que se imponen cuando hay lucro personal de cuando la persona juzgada no se enriquece con ese dinero público.
Precisamente, el argumento de que Griñán no se benefició del dinero malversado en el caso de los ERE es el que se ha venido esgrimiendo desde el PSOE para mostrar su desacuerdo con la condena impuesta al expresidente andaluz.
REFORMA «TORTICERA» DE 2015
Asens ha señalado que fue en 2015, tras la consulta independentista catalana de 2014 cuando el PP propició la modificación de este delito en el Código Penal. Su intención, según ha indicado el también diputado de En Comú, era poder perseguir penalmente la utilización de dinero público para la organización de ese tipo de consultas. «Fue una reforma torticera hecha ad hoc «, ha denunciado Asens.
Al no existir entonces ese delito como tal, a las autoridades catalanas de aquel momento, con el presidente Artur Mas a la cabeza, se las investigó por la vía administrativa, mediante una causa por responsabilidad contable abierta por el Tribunal de Cuentas. A los condenados por el procés de 2017 sí se les castigó por malversación.
En todo caso, el dirigente morado ha remarcado que la malversación es un delito «fundamental» en la lucha contra la corrupción y que debe «seguir existiendo». Eso sí, no redactado de una forma «genérica» como, a su juicio, ocurre ahora, sino con una redacción «taxativa» que impida «interpretaciones abusivas».
