Unidas Podemos mide fuerzas mañana en el Congreso para sus propuestas para la reforma fiscal
La formación morada plantea más impuestos a grandes eléctricas y fortunas, y rebajas para pymes y el IVA de productos menstruales
Unidas Podemos medirá fuerzas este martes en el Pleno del Congreso para sus propuestas de cara a la reforma fiscal, tras detallar una batería de exigencias, como un nuevo impuesto no bonificable a las grandes fortunas, un recargo a las grandes eléctricas y rebajas en el IVA a productos de higiene femenina y los tipos a los que tributan las pymes.
Estas propuestas se incluyen en la proposición no de ley que esta formación del Gobierno defenderá en la Cámara Baja, lo que obligará a pronunciarse a su socio en el Ejecutivo, el PSOE, que ya ha manifestado su reticencia a iniciar este debate.
Así, tras la presentación de estas propuestas la semana pasada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó de «inoportuna» esta «irrupción», esgrimiendo que tiene lugar antes de que el grupo de expertos convocado para esta reforma entregue sus conclusiones.
Por su parte, desde el grupo confederal han reivindicado hablar de «contenido» y no «los tiempos», exigiendo por ello una reforma «ambiciosa». Esta formación detalló sus propuestas en un acto la semana pasada de las dos ministras de Podemos en el Gobierno, Ione Belarra e Irene Montero, junto con el que fuera líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, y representantes del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y Oxfam Intermón.
MÁS TRAMOS EN EL IRPF A PARTIR DE 120.000 EUROS
Dos propuestas incluidas en una proposición no de ley que el grupo confederal someterá a votación esta semana en el Pleno del Congreso, en la que además propone tapar agujeros en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas, y rebajar el IVA al tipo súperreducido a los productos de higiene femenina, peluquerías y productos veterinarios.
En el IRPF, Unidas Podemos llama a acercar el gravamen al que se somete el ahorro a la base imponible general, y reforzar la progresividad del impuesto, incluyendo nuevos tramos con mayores tipos para rentas superiores a los 120.000 euros.
UNA TASA QUE LAS CCAA NO PUEDAN BONIFICAR
Asimismo, llaman a sustituir el Impuesto sobre el Patrimonio por uno nuevo sobre las grandes fortunas con un mínimo exento de un millón de euros, que no sea bonificable por parte de las comunidades autónomas y con los siguientes tramos: un 2% para los patrimonios netos a partir de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones, un 3% a partir de 50 millones y un 3,5% a partir de 100 millones.
Desde esta formación justifican estas características «para evitar la existencia de paraísos fiscales interiores como el caso de la Comunidad de Madrid», una propuesta ya planteada en anteriores ocasiones, caso de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso o los últimos Presupuestos Generales del Estado, donde plantearon una tributación mínima no exenta en Patrimonio.
TAPAR AGUJEROS EN SOCIEDADES Y REBAJA A LAS PYMES
En el Impuesto sobre Sociedades, el grupo confederal llama a «corregir» la erosión de la base imponible para que «los grandes grupos empresariales dejen de utilizar los mecanismos de elusión actualmente a su alcance para reducir la tributación».
Todo ello con vistas a que «las pymes paguen un poco menos de impuestos y las grandes corporaciones paguen tipos efectivos similares a los que pagan las pymes, situando un mínimo efectivo del 15% establecido sobre el beneficio neto», explican en su iniciativa.
RECARGO A LAS GRANDES ELÉCTRICAS DURANTE 5 AÑOS
En la iniciativa también instan a «avanzar en los compromisos internacionales para luchar contra los paraísos fiscales y para compensar el deterioro de las bases imponibles asociado al proceso de globalización».
En Sociedades, proponen elevar 10 puntos porcentuales el tipo impositivo al que tributan las empresas eléctricas con un volumen de facturación a partir de 10.000 millones de euros, durante un período de cinco años prorrogable por otros de duración similar. Desde el socio minoritario del Gobierno esgrimen este endurecimiento para «ayudar a los consumidores vulnerables en el proceso de transición energética».
FISCALIDAD VERDE EN LA PRODUCCIÓN, NO EN EL CONSUMO
Por otro lado, Unidas Podemos pide una reorganización del menú de beneficios fiscales para asegurar un carácter progresivo del sistema fiscal y mejorar su evaluación, a partir de un informe anual de ejecución de los mismos, semejante al de ejecución de gasto público.
Este, explican, deberá recoger las categorías contenidas en la memoria de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado, justificando que «este ejercicio de transparencia contribuiría al estudio de los beneficios fiscales sobre la progresividad».
Finalmente, plantean una mejora de la fiscalidad ambiental para reforzar «el principio de quien contamina paga , haciendo un mayor hincapié en la producción y no en el consumo», con el fin de «evitar que cualquier impuesto verde afecte al bolsillo de la gente trabajadora.
LA REFORMA FISCAL, PRIORIDAD ABSOLUTA ESTE AÑO
Tras la aprobación y convalidación de la reforma laboral, la reforma fiscal es considerada en Unidas Podemos como una de las grandes prioridades de la legislatura, pretendiendo con ella «dar un giro de 180 grados» al sistema impositivo, según reconocen en la propia exposición de motivos de la proposición no de ley.
Con la progresividad como principio fundamental, tal y como viene recogido en la Constitución Española, Unidas Podemos defiende reorganizar y remodelar beneficios fiscales, exenciones, o reducciones que ven como «elementos importantes de regresividad» o incluso de «privilegios para las grandes empresas».
UNA REFORMA PARA EVITAR FUTUROS RECORTES
Por otro lado, Unidas Podemos advierte de que, aun reconociendo el fracaso de la «mal llamada austeridad», «llegará un momento en que España tendrá que trabajar para reducir su deuda pública» y justifica que «la única forma de hacer esto sin recortes en el Estado del Bienestar es llevar a cabo una ambiciosa reforma fiscal».
Todo ello con el fin de reducir una brecha de ingresos públicos de entre siete y nueve puntos de PIB con respecto a la Unión Europea, aseguran, que supone una «infrafinanciación» del Estado de Bienestar como consecuencia de la falta de ingresos en el sistema tributario.
