Unidas Podemos exige investigar en el Congreso la gestión de la Sareb ante el «quebranto» de fondos públicos

También demanda el despliegue de un alquiler social en las viviendas de la entidad, con un precio medio que oscile entre los 100 y 300e

Unidas Podemos reclama al Congreso la creación de una comisión de investigación para establecer responsabilidades políticas en la gestión de la Sareb, el conocido como banco malo , ante el «descomunal coste y quebranto de fondos públicos» que, por ahora, estima en 14.500 millones de euros, de los que 12.000 millones son públicos, y los niveles de deuda por valor de casi 35.000 millones.

A su vez, insta a aplicar un alquiler social en sus viviendas que se mueva en un precio medio de 100 euros mensuales, pudiendo ser más bajo en algunos casos, y que en ningún caso exceda los 300 euros.

Así lo plantea en una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja, donde argumenta que es preciso conocer las operaciones de ventas de activo de la sociedad, como la contratación de underivado por valor de 42.000 millones de euros que ha supuesto un quebranto de casi 4.000 millones de euros y del que se han beneficiado diversas entidades bancarias.

También insta a aclarar la modificación de las condiciones de los bonos emitidos por Sareb para que desde 2017 no pudiesen tener rendimientos negativos y que han causado pérdidas de 483 millones, a las que se podrían sumar otros 465 millones en los próximos años.

El grupo confederal destaca que la Sareb ha sido financiada con recursos públicos que suponían el 95,31% del total de ingresos, aunque el porcentaje de propiedad accionarial público es de 45,68%, mientras que los socios privados solo aportaban el 4,69% de su montante y disponían del 54,33% del accionariado.

Recientemente el Consejo de Ministros acordó elevar su participación por encima del 50%, debido a la reclasificación en las cuentas públicas tras el cambio en la consideración estadística por parte de Eurostat.

La iniciativa expone que la reclasificación la actividad de la compañía repercute directamente sobre las cuentas públicas con efectos desde 2020 y ha supuesto un incremento en el déficit público de 2020 de 9.891 millones de euros (0,88% del PIB), así como una deuda en las administraciones de 34.145 millones de euros en diciembre de 2020 (3,05% del PIB).

LA REALIDAD ES DIFERENTE A LO QUE PROCLAMÓ DE GUINDOS

Y es que el espacio confederal recalca que el entonces ministro de Economía Luis de Guindos aseguró en 2012, a los pocos meses de la creación de la Sareb, que la sociedad no solo no costaría dinero a los contribuyentes, sino que a lo largo de su vida se ofrecería una rentabilidad del 15%.

La realidad, sin embargo, es otra para Unidas Podemos dado que, a fecha de junio del año pasado, la entidad había consumido los 1.200 millones aportados de capital y los 3.600 millones de deuda subordinada que habían suscrito los accionistas. En total 4.800 millones que se suma al patrimonio neto que era negativo en casi 9.700 millones de euros. En total detecta 14.500 millones de «quebranto» patrimonial de los que 12.000 millones son públicos.

Aparte, el grupo parlamentario demanda cambios de gestión y modificar el objeto social de la Sareb para que sea una «herramienta pública» que garantice «el derecho a la vivienda con duraciónindefinida», una parcela que ya pidió en el seno del Ejecutivo y que requiere que la Sareb dependa del Ministerio que tenga las competencias de vivienda.

ALQUILER SOCIAL EN LOS PISOS DE LA SAREB

También demanda un organismo que permita el seguimiento de activos de la entidad y en cuyo consejo esté presente los departamentos de Derechos Sociales y Transportes. Y es que la PNL exhorta a conocer al detalle el volumen concreto de activos de la Sareb en aras a las transparencia.

A su vez, solicita una gestión que atienda a las necesidades habitacionales de la población más vulnerable, con el despliegue de alquileres sociales que podrían alcanzar un precio medio de 100 euros mensuales, pudiendo incluso bajar la renta y de 300 como máximo.

Además, reclama la suspensión indefinida de procesos de desahucio sin alternativa habitacional y que destine sus 72 millones de metros cuadrados de suelo a promover vivienda pública y que ceda la gestión de sus inmuebles a la administración autonómica, como ha planteado el espacio confederal en Valencia.

PIDEN A CALVIÑO QUE ACOMETA CAMBIOS

Durante una comparecencia pública a las puertas del Congreso, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha señalado que la Sareb necesita «cambios profundos», dado que llevan denunciando desde hace mucho tiempo que la sociedad es un «agujero negro».

Tras aludir a que el decreto aprobado por el Ejecutivo supone la «nacionalización» de la sociedad, ha llegado el momento de que la Sareb deje de ser un «instrumento de las políticas neoliberales» de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y servir al «interés general» para «hacer realidad el derecho a la vivienda».

«Por eso es importante que esas viviendas que hemos pagado todos, y a buen precio, se pongan en el parque público de vivienda», ha razonado Garrido para pedir a Calviño que acceda a sus planteamientos.

Mientras, la coportavoz estatal de Podemos y responsable del área de vivienda de la formación, Alejandra Jacinto, ha relatado que España ha padecido una «burbuja hipotecaria» que se saldó con «miles de desahucios», unido a la creación de la Sareb por parte del PP para «rescatar a la banca» en lugar de la ciudadanía.

De esta forma, ha exigido que se aproveche la oportunidad de que las viviendas de la Sareb sean «públicas» ante un parque de pisos sociales «pírricos», dado que se estima que acumula 140.000 inmuebles, el «mayor propietario» ahora mismo del país.

12.000 MILLONES PÚBLICOS AL «SUMIDERO»

Mientras, el responsable de políticas económicas y de elaboración programática de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, ha reclamado que se investigue cómo unos 12.000 millones de fondos públicos se han ido «por el sumidero» a manos del bolsillo privado, con el que además se ha hecho «negocio».

En este sentido, ha criticado que además de las pérdidas públicas y el «drama social» por la falta de vivienda social, se suman los «quebrantos» de una gestión que es imprescindible investigar en el Congreso, pues «no pueden irse de rosita de quien ha sido responsable».

Por tanto, ha urgido al resto de grupos apoyen esta iniciativa para saber qué ocurrió para traspasar activos a la Sareb a un precio «absolutamente sobrevalorados» o tomar decisiones como contratar un derivado que ha costado a todos 4.000 millones, con una cláusula «suelo» creada por los «buenos gestores» del PP.

Finalmente, el diputado Rafa Mayoral ha proclamado que van a seguir reclamando el «rescate bancario» y ha puntualizado que no es de recibo que lo único que «no se nacionalice» de la Sareb sea la vivienda.