Unidas Podemos confía en que el nuevo TC les dé la razón por el escaño de Alberto Rodríguez y que Batet sea «coherente»

Recuerda que la presidenta contradijo el criterio de los letrados de la Cámara y que el Supremo no ordenó la retirada del acta

Unidas Podemos espera que el nuevo Tribunal Constitucional, ya con mayoría progresista, dé la razón al exdiputado morado Alberto Rodríguez, que fue despojado de su escaño en octubre de 2021 tras ser condenado por el Tribunal Supremo, y que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sea «coherente» cuando el tribunal de garantías admita el recurso presentado por el afectado.

El Supremo condenó a Rodríguez el 7 de octubre de 2021 por un delito de atentado a un agente de la autoridad que había tenido lugar en 2014. Le impuso una pena de un mes y medio de prisión que fue sustituida en el fallo por una multa de 540 euros y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (ser elegible) durante el mismo tiempo.

En un primer momento, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, se inclinó por mantener a Rodríguez en su escaño apoyándose en un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que sostenía que la sentencia no debía tener efectos extra penales ya que, según su interpretación, la pena de cárcel, que si habría conllevado la pérdida del acta, había sido sustituida por una sanción que el diputado ya había pagado.

El PP y Vox defendieron en todo momento que Rodríguez debía dejar de ser diputado y, tras la primera decisión de la Mesa, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigió un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.

Esto llevó a Batet a reunir de nuevo a la Mesa, donde PSOE y Unidas Podemos apoyaron pedir aclaraciones al Supremo sobre el alcance de la sentencia. Marchena contestó el mismo día descartando cualquier error en la sentencia y recalcando que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (ser candidato en unas elecciones) es una pena accesoria «obligada» y que el Supremo no está para asesorar a otros órganos del Estado.

Tras esta respuesta, Batet resolvió ejecutar la sentencia, Rodríguez se quedó sin escaño y después presentó un recurso de amparo ante el Constitucional que aún está pendiente de resolución. Poco después de dejar el Congreso, Rodríguez dejó Podemos y el próximo mes de mayo competirá por la Presidencia de Canarias al frente de una plataforma llamada Proyecto Drago.

ANTES DE QUE ACABE LA LEGISLATURA

En una entrevista a Europa Press, el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, critica la tardanza del TC en pronunciarse sobre ese recurso y se muestra convencido de que avalará los argumentos de Rodríguez.

«Espero lo vea pronto, es evidente que hay una urgente necesidad porque se va a acabar la legislatura y si no se repone el escaño de Alberto en esta legislatura no se podrá reponer nunca», esgrime el también dirigente de Izquierda Unida.

Santiago no tiene «ninguna duda» de que se «le dará la razón y se le tendrá que devolver el escaño». «Ese fue el criterio que mantuvieron los servicios jurídicos del Congreso: que la sanción que se le impuso, en un procedimiento muy discutible, ya estaba cumplida con el pago de la multa», dice.

«Los letrados mantenían que era una sanción sustitutoria y que no procedía, no ya ninguna separación de su escaño, sino ni siquiera la suspensión durante un determinado periodo de tiempo del ejercicio de su labor, una posibilidad que contempla el Reglamento», explica Santiago.

El diputado de Unidas Podemos incide en que el Supremo «nunca ha puesto por escrito que había que privar del escaño» a Rodríguez. «Nos sorprende muchísimo, la presidenta tomó una decisión que no correspondía. Al final lo triste de esto es que la única institución que ha dicho que hay que privarle del escaño es la presidenta de la cámara porque el Supremo no lo ha dicho, los servicios jurídicos del Congreso no lo han dicho y la sentencia tampoco lo dijo», abunda.

Santiago añade que «habrá que ver en qué términos de admite el recurso» y si hay «algún pronunciamiento sobre eso» pero ya avanza que Batet «tendrá que ser coherente».