Unas 13.000 mujeres empleadas del hogar en España tienen reconocida la prestación por desempleo, según Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este martes que ya son «13.000 mujeres» empleadas del hogar en España las que tienen reconocida la prestación pública por desempleo.

EH Bildu ha denunciado ante la Cámara Alta que las empleadas del hogar «tengan que recurrir a los tribunales para que se les reconozca su derecho a cobrar la prestación por desempleo por todo el tiempo trabajado».

Sin embargo, Yolanda Díaz ha puesto de manifiesto que son «exactamente siete» las sentencias que se han dictado sobre esta materia, algunas del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi y otras de Galicia y de Madrid y «es verdad», según ha indicado, «que algunas se pronuncian a favor de las reclamaciones de las trabajadoras y otras no». No obstante, para Díaz «es una cuestión de interpretación de la norma».

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta de la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren, sobre si el Gobierno está estudiando tomar alguna medida que evite que las empleadas del hogar tengan que recurrir a los tribunales para que se les reconozca su derecho a cobrar la prestación por desempleo por todo el tiempo trabajado.

Según ha recordado la senadora de EH Bildu, en 2022 se aprobó la norma que tiene como objetivo equiparar las condiciones de trabajo y de seguridad social de las trabajadoras del hogar al resto de las personas trabajadoras por cuenta ajena y, desde entonces, pueden cotizar por la contingencia de desempleo, pero ha expuesto que «tienen problemas a la hora de cobrar la prestación por dicha contingencia».

En concreto, ha advertido de que «el SEPE está resolviendo las solicitudes haciendo una interpretación», a su juicio, «restrictiva» pues se computa «únicamente el periodo cotizado desde el uno de octubre de 2022, es decir, desde la fecha de la obligatoriedad de la cotización de esta contingencia y no tiene en cuenta el resto del periodo trabajado en el sistema especial para empleadas del hogar».

«Esto les recorta la duración de la prestación por desempleo e imposibilita a la mayoría a cobrar el subsidio que existe para mayores de 52 años y hay que tener en cuenta que estas personas por su edad tienen dificultades para seguir trabajando en este sector y por tanto quedan totalmente desprotegidas», ha avisado.

Por ello, Bideguren considera que «no se ha conseguido acabar con la discriminación de las trabajadoras del hogar en su derecho al cobro de la prestación por desempleo» y ha recordado la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de junio de este año, según la cual, la resolución del SEPE es contraria a la directiva europea 79/9 y «considera que existe una obligación incondicional de suprimir toda discriminación por razón de sexo tanto en la obligación de contribuir como en el cálculo de las contribuciones». «Son varias las sentencias en este sentido», ha precisado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda ha recordado que, «en pandemia, recién llegados al Gobierno, por primera vez en la historia de la democracia española» reconocieron «un subsidio extraordinario de desempleo para las trabajadoras del hogar». En aquel momento, según ha señalado, 50.000 trabajadoras «nunca a lo largo de la democracia habían percibido ningún subsidio».

Además, ha destacado que, en tiempo «veloz», ratificaron el convenio 189 de la OIT, «que tiene múltiples obligaciones para el Gobierno de España» y que, según ha asegurado, lo están «cumpliendo a rajatabla». Según ha apuntado, el Real Decreto para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, que «cambia singularmente el marco de protección social» de las 400.000 trabajadoras del hogar en España. Sobre este último punto, Díaz ha dado las «gracias» a EH Bildu «por apoyar esta norma».

Según ha señalado Díaz, el de las empleadas del hogar es un colectivo profundamente feminizado, ya que «por encima del 96% son mujeres, el 45% de las mismas son personas migrantes y 4 de cada 10 tienen una edad superior a 45 años».

Estas trabajadoras, según ha lamentado la ministra, fueron, durante años, «excluidas de derechos, privadas de la protección social, privadas del acceso a la prestación pública de desempleo, privadas del acceso al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)» y privadas «de poder recurrir en caso de despido».