Una jueza ordena el ingreso en prisión de un dirigente de Guerreros Unidos por el caso Ayotzinapa
Una juez federal ha dictado un auto formal de prisión contra José Ángel Casarrubias Salgado El Mochomo , uno de los dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por delincuencia organizada, según ha informado el diario local Milenio .
María del Socorro Castillo Sánchez, jueza del Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ha determinado que la Fiscalía General ha aprobado pruebas suficientes que hacen presumir la participación de El Mochomo en los sucesos ocurridos el municipio de Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, según han contado funcionarios judiciales al diario mexicano.
Las fuentes consultadas han señalado que la nueva acusación de la Fiscalía General se enmarca en la causa penal 5/2020, que incluye más de una decena de órdenes de detención, incluida la del capitán retirado del Ejército José Martínez Crespo, que está siendo investigado tras unas declaraciones en las que el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado El Chino , aseguró que el militar trabajaba para su grupo.
Actualmente hay dos procesos penales abiertos contra José Ángel Casarrubias El Mochomo , que es hermano de El Chino . El otro proceso está en manos de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por supuesta vinculación con la delincuencia organizada.
El nuevo proceso judicial corre a carga de la jueza María del Socorro Castillo, quien en julio dejó en libertad a El Mochomo en otra causa penal relacionada con el caso Ayotzinapa. Cuando salió de la cárcel, la Fiscalía General volvió a detenerle por otra investigación por delincuencia organizada.
Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.
La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación.
