Una decena de estados demandan al Gobierno por tratar de establecer el «coste social» de las emisiones de CO2

Doce estados de Estados Unidos ha presentado una demanda contra la Administración del presidente, Joe Biden, por tratar de establecer un «coste social» de las emisiones de gases de efecto invernadero en lo que algunos gobernadores consideran una medida «inherentemente especulativa».

En una demanda, las autoridades locales han argumentado que la orden ejecutiva emitida en enero al respecto constituye una «extralimitación» y supone ejercer un poder que recae en manos del Congreso.

«Establecer el coste social de los gases la emisión de gases de efecto invernadero es una tarea intrínsecamente especulativa, cargada de color político y que implica intentar predecir contingencias desconocidas como futuras migraciones, conflictos internacionales y catástrofes naturales durante cientos de años de cara al futuro», recoge el texto, presentado ante un tribunal del estado de Misuri.

Así, el documento matiza que esta labor recae en el Congreso dado que es «su autoridad exclusiva», según informaciones del diario The Hill . La orden ejecutiva de Biden instaba a un grupo intergubernamental a tratar de establecer el «coste social» de la emisión de dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno.

Sin embargo, no es el primer presidente en tratar de fijar estos costes. El expresidente Barack Obama logró establecer el «coste social» del carbón, una cuantía que la Administración de Donald Trump aumentó.

La idea es que este coste ayude al Gobierno a determinar las ventajas y desventajas de implementar regulaciones que tengan diversos impactos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.

No obstante, la demanda establece que estos costes podrían implicar un impacto regulatorio «enorme». «Estos números pueden suponer un aumento masivo de las restricciones regulatorias sobre las prácticas agrarias, la producción de energía, el uso de la misma o cualquier otra actividad económica que resulte de la emisión de este tipo de gases», ha dicho.

En un comunicado, el fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, ha manifestado que se encuentra al frente de la coalición de fiscales republicanos que han demandado a la Administración por este motivo.

«La orden ejecutiva del presidente Biden, que no tiene autoridad para emitir (…) podría dejar a trabajadores de Misuri que han trabajado la tierra toda su vida en la cuneta», ha lamentado. El resto de estados que se han sumado son Arkansas, Arizona, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee and Utah.