Una asociación de jueces ve el plan de choque de Justicia como una «medida de humo» para «ocultar» la falta de recursos

La asociación Foro Judicial Independiente considera que el plan de choque diseñado por el Ministerio de Justicia para los órganos jurisdiccionales más afectados por el parón de la actividad que ha supuesto el confinamiento, es una «medida de humo» para «ocultar» la falta de recursos en el sector.

«Ocultar problemas impide abordarlos», señala la asociación de jueces en un comunicado en el que rechaza el plan que la semana pasada el departamento que dirige Juan Carlos Campo presentó a las comunidades autónomas, sindicatos y operadores jurídicos. Unas medidas que previsiblemente serán aprobadas por el Consejo de Ministros el próximo 7 de julio, según apuntó el Ministerio.

Para FJI, Justicia ha hecho «un parche para no abordar el grave problema de falta de inversión durante décadas». Por ello cree que «ni las comisiones de servicio, ni los refuerzos, ni las retribuciones variables» previstos a implantar en dos fases a partir de septiembre «solucionaran el problema de falta de recursos».

«Este Ministerio de Justicia, como los anteriores prefiere acudir a medidas de humo para ocultar la realidad actual de la Justiciaen España, la falta de jueces, la falta de Juzgados, la carencia de medios, especialmente la falta de informatización y medios tecnológicos, el caos creado al transferir competencias a las Comunidades Autónomas», dice la asociación.

PLANTEAMIENTO «ERRÓNEO»

En este sentido, asegura que el plan de choque parte de un «planteamiento erróneo desde la base», como es el «autorefuerzo» en órganos judiciales «totalmente colapsados antes de la pandemia».Así, indica que el Ministerio que dirige Campo ha marcado el objetivo de dictar tal número de sentencias que es «inasumible si no es a costa de su salud de los jueces o de afectar gravemente la calidad de las resoluciones judiciales».

«No todo vale a la hora de sacar papel», lamenta FJI, que subraya que todos los ciudadanos tienen derecho a que su reclamación sea «estudiada con tiempo y a obtener una respuesta de calidad».

Por último, la asociación afea que el plan de choque tan sólo se centre en las jurisdicciones social y contencioso-administrativa y de los juzgados de lo mercantil porque, en su opinión, «hay otros muchos órganos también colapsados y olvidados porque quizás en este momento no vende tanto su falta de funcionamiento». «Se vuelve a caer en el mismo error después del gran fracaso de los juzgados de cláusula suelo», concluye.

Las cuatro asociaciones de jueces –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– y las tres de fiscales — Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)– mantuvieron el pasado viernes un encuentro con el secretario general para Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concha López-Yuste, quienes les informaron de las líneas del plan de choque.

PROTOCOLOS ANTE LA POSIBILIDAD DE UN NUEVO CONFINAMIENTO

Tras la reunión las asociaciones firmaron un comunicado conjunto en el que no emitieron ninguna opinión sobre las medidas que se adoptarán a partir de septiembre. Lo que sí destacaron fue su preocupación sobre la existencia de protocolos en caso de un nuevo confinamiento.

Según explicaron, el Ministerio de Justicia está trabajando en proyectos legales y de transformación digital como los juicios telemáticos –ya puestos en marcha– o el teletrabajo que permitan «afrontar futuras situaciones de esta naturaleza en las que, además, se considera muy valiosa la experiencia previa ya acumulada».

Asimismo, las asociaciones reclamaron que, ante las jubilaciones forzosas y las anticipadas, se convoquen más plazas en las oposiciones a las carreras judicial y fiscal, por lo que el Ministerio trasladó su compromiso de mantener el mismo número de la última convocatoria siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita, según señala el comunicado.