Un total de 34 trabajadores de Pullmantur impugnan judicialmente el ERE de la compañía naviera

Un grupo de 34 trabajadores del Grupo Pullmantur ha decidido impugnar judicialmente el expediente de regulación de empleo (ERE), aprobado el día 30 de abril de 2021 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, por entender que «se ha tramitado en fraude de Ley, y por lo tanto puede ser nulo de pleno derecho».

Tal y como ha informado en un comunicado Francisco Villa de Camacho & Villa Abogados, la comisión para la negociación del ERE se constituyó el 10 de febrero de 2021 y se llamó a la mesa de negociación al principal accionista de la sociedad Royal Caribbean, sociedad que debía de haber aportado documentación económica al expediente sobre esa sociedad conforme a la normativa que regula los expedientes de Regulación de empleo, al estar ante un posible grupo laboral de empresas, lo que puede dar lugar a una nulidad del expediente.

Ante las evidencias de un posible grupo laboral de empresas, la Administración Concursal nombrada por el Juzgado presentó un escrito ante el Juzgado de lo Mercantil donde solicitaba la modificación del régimen aplicable al ejercicio de la facultades de Pullmantur, solicitando la suspensión de sus facultades y que fuera sustituido por la Administración Concursal.

El escrito detalla la existencia de todos los presupuestos necesarios para apreciar un grupo laboral de empresas entre el Grupo Pullmantur y Royal Caribbean. El expediente se ha cerrado con acuerdo y sin que Royal Caribbean se haga responsable de las indemnizaciones pactadas, abocando a los trabajadores a tener que ir al Fogasa, ante la falta de tesorería y situación de insolvencia en la que se encuentra Pulmantur.

Por su parte, los trabajadores han destacado que el Juzgado de lo Mercantil número 1, en el auto de fecha 18 de septiembre de 2020, acordó «suspender las facultades de Pullmantur Cruises sobre la masa activa».

También han querido reseñar unos hechos que «el juez del concurso da como probados», como que los buques Zenith, Monarch, Sovereign y Horizon han sido desmantelados entre los meses de enero y marzo de 2020, inmediatamente anteriores a la declaración de concurso, a pesar de que los mismos tenían un plazo de explotación previsto que se prolongaba hasta el año 2022, y la tesorería de la sociedad deudora ha sido transferida a otras sociedades maltesas distintas de la deudora.

Además, respecto al juez, han señalado que reconoció que «carece de una explicación razonable, de haber discontinuado apresuradamente una actividad que venía prestándose por Pullmantur de forma regular, pudiendo depararse graves perjuicios para la masa pasiva del concurso».

POSIBLE INFLUENCIA DE ROYAL CARIBBEAN

El Juzgado de lo Mercantil también señaló que el desmantelamiento y desguace de los buques con los que venía prestando su actividad pueda deberse a «una influencia de su socio indirecto Royal Caribbean por el interés en captar su mercado».

Ante ello, el juez citó que «en aras de evitar que ese influjo pudiera seguirse ejerciendo con posterioridad a la apertura del procedimiento, deba acordarse la suspensión de facultades del actual órgano de Administración y su sustitución por la Administración concursal».

Según Villa, la existencia de una situación de riesgo de que el actual órgano de administración pudiera ser permeable a instrucciones externas durante la tramitación de este expediente, es suficiente para adoptar la medida de cambio de régimen de facultades interesada.

Asimismo, ha añadido que el simple hecho de que Royal Caribbean se oponga, de forma incluso más firme que la propia concursada, a la sustitución del órgano de administración con el que ha mantenido hasta la fecha relación, para que no sea apartado del cargo quien hasta la fecha venía ocupándolo, «no hace sino reafirmar la conveniencia de la medida».

A pesar de todo, los empleados han lamentado que no se haya firmado un expediente donde se responsabilice del pago de la totalidad de las indemnizaciones pactadas a Royal Caribbean, «indemnizaciones que tendrán que ser asumidas por el Estado Español, a través del Fogasa, por su más que posible impago».