Un relator de la ONU defiende a los abogados de Lula da Silva y pide acabar con los «ataques» a letrados
El relator especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, ha defendido este miércoles a los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido que se terminen los «ataques» e «intimidaciones» contra letrados en el país.
En un comunicado, García ha alertado de la situación que viven los abogados brasileños y ha solicitado a las autoridades que tomen las medidas necesarias para garantizar que «puedan desempeñar una función sin acoso ni interferencias amenazadoras».
Así, ha llamado al Gobierno a garantizar que los tribunales «tratan con igualdad a todas las personas que se presentan ante ellos». «Los abogados Roberto Teixeira y Cristiano Zanin Martins son defensores de Lula da Silva en la investigación por cargos de corrupción del caso Lava Jato y han tenido que enfrentarse a órdenes de búsqueda y decomiso expedidas por un juez federal contra sus oficinas», recoge el texto.
En este sentido, ha advertido de que la casa de Martins fue registrada, al igual que los despachos de otros abogados y bufetes de abogados relacionados con las investigaciones del caso.
«Los abogados no deben ser atacados por servir a los intereses de sus defendidos», ha recalcado el experto de la ONU, que ha recordado que todas las personas tienen derecho a una representación legal.
Asimismo, ha subrayado que los abogados no deben ser vinculados a sus clientes ni a las causas por las que sus clientes están siendo investigados o juzgados. «Estoy alarmado por la aparente estrategia de ciertos fiscales y jueces para intimidar a los abogados por hacer su trabajo, especialmente cuando defienden a figuras políticas», ha dicho.
García ha afirmado que la manera en que se llevaron a cabo los registros «parece parte de una estrategia para desacreditar a los abogados ante clientes, colegas y opinión pública».
El relator especial ha destacado la necesidad de que los jueces sean imparciales y ha mencionado las presuntas conexiones entre el juez Breta y las autoridades, entre las que se encuentra el presidente, Jair Bolsonaro.
«Los jueces no deben colocarse en situaciones en las que su independencia o imparcialidad puedan ser cuestionadas. Para mantener la confianza del público en el sistema judicial es necesario que los jueces eviten cualquier actividad política que pueda comprometer su independencia o arriesgar su imparcialidad», ha defendido García, que ha trasladado su preocupación al Gobierno brasileño.
